El ex presidente compartió a CNN Chile un documento donde plantea los cambios e incorporaciones que se deben considerar ante cualquiera de los dos escenarios tras el resultado del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
Esta semana el ex presidente Ricardo Lagos causó una amplia controversia debido a la publicación de una carta en la que asegura que “Chile necesita y merece una Constitución que suscite consenso y que, más temprano que tarde, nos permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella”, aludiendo al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
“Ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito del 4 de septiembre está en condiciones de lograrlo, estoy convencido de que el desafío político relevante es encontrar la manera de abordar la continuidad del debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana. Corresponderá a las máximas autoridades del país conducir ese proceso”, dijo el ex mandatario.
El mensaje tuvo distintas reacciones y suscitó diferencias entre la opinión pública y entre figuras políticas que se han posicionado como adherentes tanto del Apruebo, como del Rechazo.
Además, en entrevista en Influyentes de CNN Chile, el ex mandatario señaló que “el sentido que tiene la carta es la aflicción por lo que pasa en Chile, es que no se construyen los países cuando no hay un mínimo de convergencia sobre ciertos hechos básicos en el país (…) jamás pensé que el resultado de esa Constitución propone iba a tener este debate entre Apruebo o Rechazo”, sostuvo, agregando, “no quiero una Constitución partisana, una que interprete solo un punto de vista de la sociedad“.
Bajo ese contexto es que el ex presidente compartió de manera exclusiva un documento donde propone “cinco reformas básicas que hay que hacer en caso de que gane el Apruebo o el Rechazo“, en los comicios por la nueva carta Magna.
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En caso de que gane el Apruebo
En el contexto de que la propuesta de la Convención Constitucional sea la opción que se imponga en el plebiscito de septiembre, la principal figura del PPD propone “modificar la Nueva Constitución respecto de los tribunales. Desde luego, cambiando la denominación del epígrafe del Capítulo IX que los regula “Sistemas de Justicia” por “Del Poder Judicial”, tal como se hace con el ‘Poder Ejecutivo’ y el ‘Poder Legislativo'”.
En esa línea, Lagos plantea “cambiar la integración y las facultades del Consejo de la Justicia” y “eliminar la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial”.
Junto a esto, asegura que sería necesario “reformar el sistema político” ya que “la Nueva Constitución prácticamente no se refiere a los partidos políticos; da muy pocas reglas del sistema electoral”. Asimismo afirma que “es necesario revisar el régimen político que la Nueva Constitución propone, en especial, el rol del Presidente de la República y el bicameralismo asimétrico”.
Finalmente, el ex presidente señala la necesidad de “corregir el diseño del Estado Regional que propone la Nueva Constitución, especialmente en fuentes de financiamiento y autonomía financiera y “revisar el exceso de organismos autónomos a nivel constitucional, que perfectamente pueden ser regulados a nivel legal”.
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En caso de que gane el Rechazo
En el escenario de que la ciudadanía determine no dar luz verde a la propuesta del órgano constituyente, Lagos cree que sería necesario “incorporar a la actual Carta los nuevos derechos sociales garantizados que contempla la propuesta de Nueva Constitución” elaborada por la CC, tales como el derecho al cuidado, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, el derecho al deporte, los derechos culturales, los derechos de los consumidores, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho al mínimo vital de energía y el derecho al agua.
Además cree que sería clave el ejericio de replantear “los derechos sociales que consagra la actual Constitución“, tales como “el derecho a la seguridad social, incorporando los principios y las contingencias y obligando al Estado a establecer un sistema de seguridad social público; reformar el derecho a la salud, creando un sistema nacional de salud, con carácter universal, público e integrado, con prestadores públicos y privados”.
También sugiere potenciar el derecho de la educación, mediante “el acceso universal en todos sus niveles, el sistema nacional de educación, sin discriminaciones en el acceso y con prohibición de toda forma de lucro” y asegura que es necesario “poner al día la Constitución en materia de sindicatos”, ya que, “el proyecto de Nueva Constitución les entrega la titularidad exclusiva de la negociación colectiva; permite un derecho a huelga amplio, separándolo de la negociación colectiva y faculta a estos a participar en las decisiones de las empresas”.
El ex mandatario contempla como importante la idea de implementar los “derechos de la tecnología que propone la Nueva Constitución“, como lo son el derecho a la seguridad informática, a la conectividad, a la educación digital, a la protección de datos personales, a la autodeterminación informativa, al espacio libre de violencia digital y a la participación ciudadana por medios digitales.
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Por otro lado, considera vital lo planteado por la Convención en materias de regulación ambiental, ligadas al cambio climático: “la Nueva Constitución propone potencia el medio ambiente de la siguiente forma: el derecho al medio ambiente es concebido como el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; hay un principio de buen vivir con el medio ambiente; la Naturaleza se concibe como un sujeto de derechos”.
En temas de paridad e inclusividad, el ex Jefe de Estado destaca la necesidad de reconocer los derechos de “las minorías o grupos históricamente excluidos y de especial protección: las diversidades y disidencias sexogenéricas; personas mayores; personas con discapacidad; niños, niñas y adolescentes; pueblos originarios”, además de “potenciar el rol de la mujer”.
Finalmente, Ricardo Lagos instó en que una nueva Carta Magna debe incorporar medidas en materia de regulación constitucional, como “rebajar el quórum para reformas constitucionales que establece la actual Constitución, de 3/5 o 2/3 a 4/7; eliminar las leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado y leyes interpretativas de la Constitución; suprimir el control preventivo del Tribunal Constitucional”.
