Permitir que los colegios sean quienes adquieran directamente los textos, para eliminar los costos de distribución, y aumentar los plazos de licitación están dentro de las medidas sugeridas por la FNE.
Hasta 14 veces más paga un apoderado perteneciente a un establecimiento educacional privado por el mismo libro que una editorial le vende al Ministerio de Educación.
Este es uno de los problemas que detectó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en un estudio de mercado iniciado de 2018, el cual detectó algunas fallas en mercado de los textos escolar que fueron presentadas en un informe preliminar.
“Estamos en presencia de un mercado que presenta fallas y que es susceptible de mejoras que, facilitando y promoviendo la entrada de nuevos competidores, debieran traducirse en rebajas sustantivas en el precio de los textos escolares”, declaró al respecto fiscal nacional Económico, Ricardo Riesco a La Tercera.
En este informe se indica que el 73% del monto que las familias chilenas disponen para los gastos escolares corresponde a los libros de estudio, cuyo promedio es de $160.000 al año. Asimismo, el sector público gasta cerca de $59.400 en la compra de estos textos.
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Ante esto, el FNE propuso una serie de medidas que apuntan a generar una mayor competencia y bajar los precios para reducir tanto el costo de los textos para las familias como el Estado.
El estudio advierte que, si bien, la licitación realizada por el Mineduc en cuanto a precio-calidad y en la distribución, la competencia en los procesos de licitación han bajado considerablemente: de un promedio de 5,2 competidores totales en 2015 bajó a 2,7 en 2017.
Se detalla que esto se debe a que los plazos y requerimientos técnicos de las licitaciones, que reducen la entrada e impactan en la eficiencia; la licitación conjunta del contenido y la impresión que disminuyen la entrada, así como la política de reimpresión de los textos, entre otros aspectos.
Ante esto, el organismo propone aumentar los plazos de licitaciones para desarrollar los textos (crear e imprimir el contenido), separar la licitación de contenido e impresión (permitiendo así la entrada de más actores al proceso); determinar una regla fija del número de reimpresiones y crear una política de demanda estatal de textos escolares a largo plazo.
En el caso del sector privado, la FNE propone crear un sistema de información y rendición de cuentas, con un sitio web donde se agrupe toda la oferta editorial disponible en el mercado, que permita a los padres una compra informada. También se sugiere que los colegios entreguen una circular informativa en la que se detalle la justificación de la elección de los textos escolares.
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Otra de las medidas propuestas por el organismo es que los colegios sean los que adquieran los libros, para así eliminar los costos de distribución, además de formas de fortalecer el mercado de textos usados, como incentivar que las editoriales vendan bienes o servicios que no sean durables, como guías de ejercicios, de forma separada de los textos, y que estas empresas informen a los colegios sobre las actualizaciones que tendrán sus textos.
¿Cómo impactaría al Estado y las familias si se tomaran estas medidas? De acuerdo a lo planteado por el FNE, estas sugerencias podrían traducirse en un ahorro de entre 20% y 30% en la impresión de textos.
Asimismo, en el sector privado motivarían una caída de 25% del precio de los libros a corto plazo y 70% a largo plazo. Esto significaría un ahorro de hasta $86.668 a las familias por cada hijo en un año. A nivel global, considerando ambos mercados, los actores participantes de la industria de textos escolares podrían tener un ahorro de entre 5,6 y 19,4 millones de dólares al año.
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