La iniciativa busca que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los informes Valech, en los mismos términos que los tiene actualmente el INDH. “Se establecerá la facultad de para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos que ha venido sucediendo en la actualidad”, dijo el ministro Luis Cordero.
El Gobierno anunció este martes que le propondrá al Congreso Nacional el levantamiento parcial del secreto de los informes elaborados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también denominada Valech.
Los ministros Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia), Carolina Arredondo (Culturas) y Antonia Orellana (Mujer), junto a parlamentarios y personeros políticos, dieron a conocer la agenda legislativa que impulsará la administración del presidente Gabriel Boric en materia de derechos humanos, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
La iniciativa consiste en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de los informes Valech I y II, en los mismos términos que los tiene actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
“La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan, y es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer. De modo que esa información pueda ser revelada, en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes, con previo consentimiento de las víctimas o sus herederos“, dijo el ministro Cordero.
También sostuvo que “se establecerá la facultad de para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos que ha venido sucediendo en la actualidad”.
Finalmente, se propondrá la posibilidad, “de también respetando la voluntad de las víctimas, que los tribunales de justicia, al igual como sucede en el caso de Valech II, se pueda permitir el acceso a los antecedentes que ahí se encuentran“, sentenció Cordero.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
