Este 13 de agosto comienza a regir la nueva norma. El sector gastronómico ha planteado su preocupación por el impacto que produciría, desde pérdidas económicas hasta cierres de locales y despidos. Sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente afirmó que ha trabajado previamente con los gremios y que el aplazamiento de esta ley dependería solo del Congreso.
El próximo 13 de agosto entra en vigencia la última etapa de la Ley N° 21.368, conocida como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, que tiene como propósito disminuir la generación de residuos a través de la limitación de entrega de productos en establecimientos dedicados a la preparación de alimentos.
El 30 de enero de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el anteproyecto del reglamento que regula esta normativa, luego de someterlo a consulta pública, según lo publicado en el Diario Oficial. No obstante, desde los gremios han planteado su preocupación por el impacto que provocaría en el sector gastronómico, desde despidos hasta cierres de locales.
“Es importante destacar que la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, aprobada por el Congreso por unanimidad en 2021, comenzó a aplicarse, de forma gradual, en febrero de 2022 con la prohibición de entrega de algunos elementos de plástico”, consignó el Ministerio del Medio Ambiente a CNN Chile.
En general, esta normativa se encarga de la restricción de productos de un solo uso, tanto en los establecimientos de expendio de alimentos como en el exterior, refiriéndose específicamente a la entrega mediante despacho a domicilio.
“Esta ley, a mi parecer, tiene tres ejes que se pueden distinguir claramente: la prohibición de entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos, la promoción de la reutilización y uso de plásticos certificados de carácter compostable, y una regulación estricta respecto a las botellas plásticas que fomente el uso de botellas retornables y aumente el contenido de material reciclado en botellas desechables”, explicó César Saldías, Doctor en Química y académico de la Facultad de Química y de Farmacia de la Pontificia Universidad Católica.
Estas medidas tienen como objetivo limitar la generación de residuos, debido a los efectos que provoca el uso del plástico, definido como un material sintético elaborado a partir de polímeros que tiene la propiedad de ser fácilmente moldeable.
Primero, veamos de qué tipos de locales estamos hablando:
En estos, se prohibe la entrega de:
En el comercio exterior, estará permitida la entrega de productos desechables de materiales valorizables distintas al plástico o plástico certificado.
Según la normativa, se trata de un plástico compuesto total o parcialmente por materias producidas a partir de recursos renovables, diseñado para ser compostado a nivel domiciliario o industrial, cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley.
El reglamento, que será publicado por el Ministerio del Medio Ambiente, ya contiene algunos lineamientos como la temperatura y el plazo necesario para su debida biodegradación, el que en ningún caso podrá ser superior a un año. Además, deberá indicar el porcentaje mínimo de materias producidas a partir de recursos renovables que debe incorporar en su composición, el que no podrá ser inferior al 20%.
Cabe destacar que, para ser considerado compostable a nivel industrial, el producto deberá ser capaz de biodegradarse a través de un proceso de compostaje industrial que alcance temperaturas no menores a 40° C y no mayores a 70° C en su etapa termofílica, en un plazo que no podrá ser superior a 180 días corridos.
Desde el ámbito gremial y académico, existen reparos al resultado de la normativa. Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), planteó que la normativa quedó “bastante extrema”, puesto que no permitirá “muchos elementos que son amigables con el medio ambiente, como los palitos de sushi, cubiertos de madera y vasos de cartón”.
En esa misma línea, recordó que hace dos años los municipios ya prohibieron una serie de elementos plásticos e impusieron restricciones al uso de este material, lo que llevó a la industria a realizar inversiones para utilizar materiales biodegradables y compostables.
“Desde el punto de vista económico, nosotros hicimos un estudio que indica que esta ley cuesta cerca de 30 millones de dólares anuales al sector. Hay que hacer inversiones en equipos lavavajillas, que curiosamente van a ser de plástico. Muchos locales, aunque tengan la máquina lavavajillas, no pueden implementar estos sistemas de lavado porque estas máquinas requieren instalación trifásica: agua, alcantarillado y ductos de extracción”, enfatizó el representante de Achiga sobre los efectos de la Ley de Plásticos de un Solo Uso.
En tanto, en el trabajo diario, el presidente de Achiga advirtió que los más perjudicados serán los locales pequeños, ya que podrían decidir no atender presencialmente “porque la ley hace una distinción: cuando yo atiendo a la mesa, no se puede usar ningún elemento de un solo uso, pero para el delivery sí se permiten elementos de un solo uso de plásticos certificados”.
Otra consecuencia es que los recintos que se dedican a la atención al público tendrán afectaciones con el pago de arriendo, debido a que solamente podrán ofrecer atención al paso.
Por otro lado, una de las propuestas de Achiga es aplazar la ley “para que se cumpla el sentido original de que el reglamento iba a estar disponible 18 meses antes de que entraran en vigencia los artículos 3 y 4. Creemos que esto es fundamental. Tener ese tiempo con un reglamento conocido por todos permitirá que las empresas se puedan adaptar”.
A esto se sumó el análisis de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que planteó que, previo a la entrada en vigencia de esta ley, existe una alta incertidumbre en las empresas. Paralelamente, el Congreso está resolviendo una iniciativa para postergar los plazos.
Según la encuesta realizada por la CCS entre los socios del rubro, junto a Achiga, que representa a más de 800 establecimientos de distintos segmentos, casi la mitad de las empresas (47%) no tiene posibilidades de llegar al 13 de agosto. El 24% aún no ha logrado realizar las modificaciones que dicta la normativa, pero estima que logrará llegar a la fecha, mientras que al 15% le resulta imposible implementar los cambios exigidos.
La mayoría de los recintos entregan materiales de un solo uso a sus clientes. Entre los artículos afectados destacan los cubiertos (66%), vasos, tazas y similares (59%), y platos, platillos, pocillos y similares (54%).
Cerca de 6.000 empresas se encuentran potencialmente en peligro, junto con la permanencia de sus trabajadores. De hecho, el 8% prevé que la nueva normativa afectará negativamente su empleo. Asimismo, el número de trabajadores involucrados en este riesgo, de acuerdo con estimaciones preliminares de la CCS y Achiga, podría llegar a unas 40.000 personas.
El 95% de las empresas considera que la implementación de la norma les generará aumentos de costos operacionales.
Respecto a los pasos a seguir, el 80% de las empresas sugirió que se debería permitir la entrega de materiales reciclables o biodegradables. Además, el 49% solicitó aplazar la entrada en vigencia de los artículos que prohíben entregar todo tipo de materiales de un solo uso.
“Esto va a significar un costo económico, sin duda, aunque es esperable que sean los consumidores más que los productores los que terminen pagando el costo de la ley. Esta es una ley ambiental importante, y no debiera ser aplazada, salvo que existan problemas de gestión serios en el gobierno que ameriten su retraso”, Cristóbal de la Maza, académico de la Facultad de Economía y Gobierno USS.
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente aclaró que “para la elaboración del reglamento, se han sostenido reuniones con diversos actores clave, incluyendo distintas asociaciones gremiales. Respecto a la solicitud de prórroga que se tramita actualmente en el Congreso, esa es materia de discusión parlamentaria”.
La entidad encargada de garantizar el cumplimiento de esta norma recaerá en las municipalidades a través de fiscalizaciones, y es en este punto donde los expertos tienen distintas visiones.
Desde la perspectiva de Cristóbal de la Maza, académico de la USS, estos recursos asignados son bastante acotados. Esto se debe a que se está apostando por incentivar un comportamiento responsable desde la ciudadanía.
“La misma ley establece que cualquier persona podrá denunciar. Hubiera sido razonable considerar los costos de fiscalización”, añadió.
Por otra parte, afirmó que “las multas son bastante considerables, pero la detección de incumplimientos va a depender principalmente de las denuncias”.
Cabe destacar que las infracciones serán entre 1 y 5 U.T.M.
El académico de la UC, César Saldías, hace un contrapunto a Cristóbal de la Maza, ya que le parece positivo que sean las instituciones locales las encargadas de velar por el cumplimiento de esta nueva ley, ya que eso “permite descentralizar de manera efectiva este proceso y también lo hace más eficiente en términos de proximidad y conocimiento del entorno local”.
No obstante, Saldías enfatizó que es importante entender que la capacidad de cada una de las municipalidades puede variar de acuerdo a los recursos con los que cuenten, la capacitación y la coordinación del personal. Esto podría afectar de manera positiva o negativa el rol de las municipalidades como ente fiscalizador.
Sobre este punto, la cartera del Ministerio del Medio Ambiente sostuvo a CNN Chile que se ha desarrollado una serie de iniciativas para la difusión de esta nueva normativa a los municipios, como la elaboración de documentos orientativos, la realización de seminarios, entre otros.
Sin embargo, Cristóbal de la Maza subrayó su preocupación de que, a pocos días de que comience a regir esta normativa, “no se consideraron recursos suficientes para la estandarización y automatización de este proceso” y advirtió que “puede generarse un cuello de botella en la asignación de certificados y en la fiscalización de auditores registrados por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente”.
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente aclaró en CNN Chile que “es relevante señalar que la mayoría de las obligaciones de la Ley no dependen de definiciones reglamentarias, y que el reglamento solo puede regular aquellos aspectos particulares que la Ley mandató a regular vía reglamento”.
Actualmente, la cartera ministerial se encuentra trabajando para que el reglamento sea conocido por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y debería ser publicado previo al 13 de agosto.
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