La Corte de Apelaciones de Antofagasta está revisando la solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez. Revisa aquí los detalles de los argumentos del Ministerio Público, la Fiscalía y la defensa de Pérez.
Durante este lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta se encuentra revisando la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez en el marco del denominado Caso Convenios, arista Democracia Viva.
Esta jornada es clave, ya que, si se acoge el desafuero, el Ministerio Público podrá investigar, formalizar e imputar cargos a la parlamentaria por delitos relacionados con fraude al fisco.
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, explicó el propósito del Ministerio Público: “No estamos diciendo que la honorable diputada Catalina Pérez sea responsable de la comisión de un delito ni que debe ser condenada. Solo estamos diciendo que la Fiscalía le pide permiso a esta Ilustrísima Corte para formalizar la investigación y pedir medidas cautelares”, señaló.
Asimismo, Aguilar agregó: “Estamos en una etapa de investigación. Ni siquiera estamos fundando la petición de desafuero para acusar a Catalina Pérez, sino solamente para formalizarla y solicitar medidas cautelares en los términos que la ley establece. Pedimos que se conceda y se declare lugar a la formación de la causa respecto de la honorable diputada Catalina Pérez, para que pueda ser formalizada por la Fiscalía como autora del artículo 15, número 3, del Código Penal, por tres delitos consumados de fraude al fisco, tipificados en el artículo 239, inciso 3º, del Código Penal”.
Por su parte, la defensa de la diputada Catalina Pérez sostiene que el desafuero no se solicita para investigar, sino directamente para acusar. En este caso, para poder imputarle cargos por delitos de fraude al fisco. Argumentan que la investigación en su contra ya está agotada, pues la parlamentaria ha entregado todos los antecedentes.
Asimismo, la defensa enfatizó que una relación personal o afectiva no constituye prueba suficiente para acreditar la comisión de delitos, en referencia al vínculo sentimental entre Pérez y el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que existen antecedentes suficientes y, de hecho, profundiza en que Pérez fue quien recomendó a Daniel Andrade para que postulara y se adjudicara los convenios con el programa del Ministerio de Vivienda (MINVU).
Uno de los querellantes en la investigación, Alfredo Larreta, procurador fiscal de Antofagasta, planteó: “Las consecuencias políticas no justifican, a lo menos, señoría, el encubrimiento (…) No lo justifican. A lo menos, nosotros estamos convencidos de que tuvo participación como cómplice, al menos hasta ahora, en este estado primigenio de la investigación, que todavía no se dirige contra la honorable diputada. ¿Tenía consecuencias políticas? Sí. ¿Había un interés de blindar o también un problema político? Sí. Pero, ¿esto da cuenta de al menos un encubrimiento? De una participación activa y directiva en un encubrimiento”.
Por su parte, el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, complementó: “Claramente, la diputada Pérez sabía de la existencia de estos convenios y participó en ellos antes de que se suscribieran, durante su ejecución y después de su ejecución. Sin su participación, era imposible que estos ilícitos se hubieran llevado a cabo, pues la fundación carecía de experiencia y de antecedentes que respaldaran su elección. La única razón por la cual el Serviu Antofagasta suscribió estos convenios, como lo ha señalado el Ministerio Público, era la relación existente entre estas tres personas”.
Es importante recordar que lo que está en investigación son tres convenios por un total de 426 millones de pesos adjudicados a Democracia Viva, tras un acuerdo con la Seremi de Vivienda en Antofagasta. Este programa de asentamientos precarios tenía como objetivo mejorar las condiciones habitacionales de campamentos en la región.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Pérez recomendó a Andrade para que suscribiera estos convenios con la Seremi de Antofagasta, que en ese momento estaba representada por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la propia diputada. Además, el Ministerio Público subrayó que Democracia Viva no tenía experiencia en programas de vivienda ni en la gestión de campamentos en la región de Antofagasta. De hecho, señaló que la fundación nació con fines políticos para apoyar el proceso constitucional y no para ejecutar proyectos habitacionales.
El Gobierno chileno hará entrega de los antecedentes recabados a la fecha respecto al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, de manera que sea sumada a las indagatorias que lleva el persecutor de la Corte.
