La exjefa comunal fue formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. En la instancia se detallaron los abultados costos que tuvieron actividades que desarrolló mientras se mantuvo en el cargo, entre diciembre de 2016 y junio de 2021.
Esta jornada, la exacaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La Fiscalía Oriente adelantó que pedirá la prisión preventiva.
Ante el juzgado, la Fiscalía pidió realizar la solicitud de medida cautelar el miércoles 17 de enero. “La solicitud se realizaría el día de mañana y por cierto sería la medida cautelar de prisión preventiva“.
La fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, explicó que las medidas de Barriga, junto con las de Ana María Cortés y Luis Japaz, no se pidieron hoy debido a que son de mayor gravedad.
VICTOR HUENANTE/ AGENCIA UNO
En el caso de la exalcaldesa, la nueva audiencia quedó fijada para este miércoles 17 de enero a las 9:00 horas en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. “Solo se discutirán las cautelares“, dijo el juez.
Aunque la exjefa comunal arribó tranquila, su semblante alegre cambió en cuestión de segundos cuando se trasladaba hasta la justicia. “No tengo nada que esconder“, fueron parte sus palabras.
Durante la audiencia, se le vio particularmente incómoda y nerviosa, lo que quedó evidenciado en la transmisión de la audiencia vía Poder Judicial. En la instancia se detallaron los abultados costos que tuvieron actividades que desarrolló mientras se mantuvo en el cargo, entre diciembre de 2016 y junio de 2021.
De esta manera, los fiscales sostuvieron de forma enfática que Barriga “defraudó y/o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal, gracias a la implementación de una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta tendientes a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control establecidos por la ley“.
Gastos con perjuicio fiscal
En la audiencia se dieron a conocer las actividades que escapaban a la habitualidad de las gestiones de sus pares, y los aspectos técnicos que pusieron en duda la legalidad de las mismas.
Según consignó La Tercera, la fiscalía estableció que Barriga “ideó, planificó e instruyó la realización de diversas adquisiciones de bienes y servicios y la realización de eventos y actividades de publicidad de su gestión, que no se encontraban contemplados en el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal que tuvieron costos millonarios en perjuicio de la Municipalidad de Maipú“.
Entre dichas actividades figura la realización del festival “Maipeluza” que en 2017 tuvo un costo de $315.516.870, en 2018 de $741.208.139 y en 2019 de $683.561.827.
También se hizo presente que Barriga realizaba millonarias cuentas públicas. Por ejemplo, en 2017 imprimió mil copias del balance de su gestión, lo que tuvo un costo superior a cuatro millones de pesos.
Mientras que en 2018 desembolsó más de $48 millones para dicho evento, el que incluyó gigantografías, chapitas, poleras corporativas, pantallas led de iluminación y otros elementos.
SEBASTIAN BROGCA/AGENCIA UNO
Además, se mencionó que, como pudo establecer Contraloría, en 2018 se destinó $1.428.000 para pintar el vehículo institucional color dorado, que en 2019 dispuso de más de $4 mil millones para un “spa del adulto mayor” y que en el mismo año realizó la actividad “Granja Alimentaria” que tuvo un costo aproximado de $73 millones.
Asimismo, Fiscalía detalló que Barriga instruyó la compra vía trato directo de al menos 1.000 collares de cristal por $17.850.000, pese a que no hay registros de las personas a quienes se entregaron dichos insumos.
Luego se agregó que desde diciembre de 2018, la exalcaldesa instruyó la compra, con cargo a fondos públicos de la Corporación Municipal de Educación de Maipú (Codeduc), correspondientes a Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), de mochilas con el logo corporativo de su gestión municipal y de kits escolares para estudiantes de colegios particulares.
Lo anterior habría tenido un valor de al menos $123.620.175 y $20.944.191, pese a que correspondían a “finalidades ajenas a aquellas legalmente establecidas para la ejecución de fondos FAEP”.
También se constató que en noviembre de 2017, la imputada tramitó la compra a cargo de fondos públicos de un total de 30.000 peluches con la imagen corporativa de la gestión municipal. Los que tuvieron un costo superior a los $54 millones de pesos.
