La Constitución estipula que los parlamentarios podrán ser destituidos sólo si tienen pena aflictiva, es decir, condena de 3 años y un día de cárcel.
Esto porque existe un amplio número de casos que en el último tiempo ha estado en mira de la justicia y de la ética, por el financiamiento de sus campañas políticas o de asesorías a empresas privadas o estatales.
Bajo este escenario, algunos personeros políticos reconocen que se debe legislar para que las autoridades por elección popular renuncien ante irregularidades de probidad y transparencia.
“Lo más prudente es congelar la militancia, eso despeja la relación con el partido y permite más libertad. Después se espera el fallo de la justicia”, expresó la presidenta del PS, Isabel Allende.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
