De la Ley Antidiscriminación a la reciente aprobación del matrimonio igualitario, CNN Chile conversó con cuatro organizaciones LGBTQIA+ sobre la lucha por los derechos y la igualdad de la comunidad diversa a través de las legislaciones que han marcado hitos en el camino hacia la inclusión por orientación sexual e identidad de género, meta para la cual, dicen, aún falta mucho por recorrer.
Este año se cumplió una década desde el asesinato del joven Daniel Zamudio Vera, quien fuera atacado, golpeado y torturado por un grupo de neonazis en el Parque San Borja de Santiago, y cuyo deceso, semanas después, marcó un hito social en la concientización sobre la injusticia y vulneración que vive la comunidad LGBTQIA+ en Chile y el mundo. El impacto de tanta violencia dirigida hacia un individuo, con objeto en este caso de su orientación sexual, recayó no solo en sus amigos y familia, sino también en el resto de la comunidad diversa, que unida y representada por organizaciones, logró la aprobación de la Ley 20.609 o Antidiscriminación, conocida popularmente como Ley Zamudio.
No obstante, en la historia nacional ya se habían vivido muchos otros episodios, algunos trágicos, otros esperanzadores, que marcaron un antes y un después en la sociedad: Desde la primera “Marcha de las locas” en 1973, pasando por el trágico incendio de la discoteca Divine en Valparaíso en 1993, hasta la Marcha de los Paraguas en 1997. Lamentablemente, a pesar de los avances para el reconocimiento y la protección de las personas LGBTQIA+, incontables situaciones de violencia y discriminación continúan ocupando portadas en medios de comunicación, o peor, quedan en el silencio.
En la lucha por combatir dicha violencia e impunidad, las organizaciones LGBTQIA+ han trabajado durante décadas por impulsar legislaciones en protección de los derechos humanos y la libertad de su comunidad. CNN Chile conversó con algunas, para conocer su experiencia trabajando en la promoción de las leyes que lograron aprobarse en el Congreso, desde la mencionada norma contra la discriminación, hasta el matrimonio igualitario, promulgado el pasado mes de diciembre, que integra a Chile en la lista de 25 naciones que poseen esta ley en el mundo.
Promulgada en julio de 2012, durante el primer gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, la tramitación de la Ley Antidiscriminación antecede a 2005, durante la administración de Ricardo Lagos. En dicho proceso, resaltó el trabajo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Sin embargo, ya hace 10 años la organización instaba al Ejecutivo a mejorar el proyecto: “Se ha limitado severamente su efectividad, no contempla políticas públicas, ni tampoco indemnizaciones para las víctimas de los atropellos, entre otras deficiencias. Por tanto, llamamos a aprobar la ley contra la discriminación con celeridad, pero no cualquier ley“, dijo su entonces presidente, Rolando Jiménez.
“Hemos colaborado en la discusión de los proyectos de Ley Antidiscriminación, Ley de Identidad de Género y Ley de Matrimonio Igualitario”, cuenta Marco Becerra, director de AcciónGay, organización que comenzó hace 34 años trabajando para la prevención del VIH. “Pero la Ley que nació tras la muerte de Daniel Zamudio terminó siendo mala”, afirma, explicando que “salió apurada, algo más bien como una estrategia“.
Desde hace casi tres años que en el Congreso se discute una reforma, cuando en 2020 fue el propio Movilh que presentó la iniciativa ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, “poniendo esta vez énfasis en la necesidad de que sancione la discriminación que sufren grupos de personas y no solo personas“. En ese sentido, la organización propone, crear una institucionalidad anti-discriminatoria y la indemnización monetaria hacia la persona afectada, entre otras cosas.
Franco Fuica, encargado de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD) recuerda que, cuando presentaron el proyecto de lo que terminó siendo la Ley 21.120 de Identidad de Género, junto a Fundación Iguales, “fue bastante sesgado en varias cosas, por ejemplo, no incorporó infancia porque a última hora, antes del ingreso a Secretaría del Senado, nos pidieron que lo sacáramos, pero el interés era presentar un proyecto que fuera fácilmente ingresable”, dice, sobre el camino que iniciaron en 2013 y que llegó a puerto con la aprobación de la iniciativa en 2018.
“Cuando partimos fue muy difícil, sobre todo cuando nadie nos conocía ni nadie conocía la temática“, afirma Fuica, considerando que “en general fue un buen trabajo, aunque hubo cosas que no pudimos levantar porque había mucho desconocimiento, incluso entre nuestros parlamentaries aliades”. En retrospectiva, ve el proceso con optimismo: “Nos costó partir, pero se ha ido acelerando fuertemente y hay que tener en cuenta que esa celeridad ha significado que hoy pueda haber personas de la comunidad que estén en cargos de representación“.
En el proceso incidió el Sindicato de trabajadoras sexuales trans y travestis Amanda Jofré, liderado por su presidenta, Alejandra Soto. “Como también representamos a la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, en el tercer Congreso internacional que realizamos en 2006, trajimos a Carla Antonelli, activista y política del PSOE de España, que fue el primer país que tuvo Ley de Identidad de Género”, rememora, contando que “desde ahí empezamos a trabajar firmemente para que reconocieran nuestro nombre y sexo femenino, y trabajamos con varias otras organizaciones hasta que lo logramos”.
Sin embargo, dicha legislación no es suficiente para la realidad de las personas trans. Así lo señala Soto: “Después de ser reconocidas como población trans, ahora queremos una Ley Integral Trans-Travesti, eso significa cupo laboral trans, porque la gente sigue discriminando, queremos becas de estudio, queremos salud trans para Chile y apoyo para adquirir una vivienda”. Sobre esta discriminación estructural hacia las mujeres trans, la activista subraya que luchan por “reparación para todas nuestras compañeras que fueron violentadas, maltratadas y asesinadas, las adultas y sobrevivientes que pasaron por eso en la dictadura y hasta antes del 2000, de todas las detenciones arbitrarias de Carabineros y todas las injusticias”.
“Junto a Corporación Humanas y otras agrupaciones lesbofeministas, el año 2016 impulsamos el proyecto de Ley de Derechos Filiativos, que nos parecía debía ir por un carril distinto al matrimonio igualitario”, señala Nicole Rojas, socióloga e investigadora del área de Estudios de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, organización que cumple 20 años. “Nos parecía que el derecho a filiación no debía ir ligado al estado civil de las madres, sin embargo, parece que todavía cuesta sacudirse las estructuras tradicionales, como es el caso del matrimonio”, agrega, indicando que de igual forma como agrupación pudieron incidir en ese sentido en la actual Ley de Matrimonio Igualitario.
“Este gobierno efectivamente ha levantado muchísimas mesas de trabajo y sistematizando otros trabajos que ya se habían iniciado, así que la apertura ha sido muy fructífera“, celebra Rojas. Precisamente, en desde la vereda lesbofeminista, el quehacer de Rompiendo el Silencio se ha ampliado: “Lo que más se nos ha dificultado es la visibilización de los crímenes de lesbo-odio y principalmente el acceso a la justicia para familiares y amigos de quienes han sido asesinadas, de hecho, no hay ningún caso en que se pueda decir que ha existido justicia, si no es porque gracias a la BBC de Londres que se pudo visibilizar el caso de Nicole Saavedra“.
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No obstante, destaca, “el problema va más allá de lo legislativo: Necesitamos avanzar hacia una sociedad que sea capaz de incluir y no discriminar y, lamentablemente, la mayor discriminación viene desde sectores con menor capital cultural, entonces, en ese sentido, es verdad cuando se dice que en Chile se encarcela la pobreza”. Una forma de empezar, dice, “es con la educación sexual integral“.
“Sigue habiendo una deuda histórica con las mujeres lesbianas“, acusa la activista, indicando que “quizá se ha visibilizado un poco más, pero no suficiente, pensando que el movimiento LGBT está permeado por el homo patriarcado, de las demandas de hombres gay en la palestra”. Rompiendo el Silencio se encuentran incidiendo en la reforma a la Ley Antidiscriminación, con la indicación que elimina las mal llamadas terapias de reconversión. “Hay estudios que indican que estas terapias pueden ser calificadas como formas de tortura, lo que también se considera en el derecho internacional”, añade Rojas.
El año 2021 fue histórico en la lucha LGBTQIA+ por legislaciones para la igualdad: En junio, el presidente Piñera puso urgencia a la Ley de Matrimonio Igualitario y en diciembre el Congreso aprobó la norma con 82 votos a favor. En aquel momento, CNN Chile conversó con una de las organizaciones que encabezó el diálogo político en medio de las gestiones del gobierno, Fundación Iguales, liderada por su presidenta, Isabel Amor, quien celebró que “la votación de hoy da cuenta que las mayorías no se construyen solo con un sector político” y que “la diversidad sexual tiene adherentes transversales en el espectro político“. Aún así, lamentó uno de los puntos aprobados: “Ahora se creó una fórmula para que durante seis meses él o la cónyuge de una persona trans pueda solicitar divorcio por motivo de la identidad de género de su pareja”.
“Si bien todas las iniciativas han sido muy importantes, me parece que, desde el punto de vista del impacto que tiene en la sociedad, el matrimonio igualitario es una iniciativa que culturalmente introduce elementos muy interesantes, modernos, respecto de la concepción de familia o la igualdad de derechos filiativos”, rescata el director de AcciónGay, quien manifiesta que “el proceso de avance ha sido intenso, pero a veces árido, porque el sistema en Chile es engorroso“.
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El horizonte, para muchos, se posiciona actualmente en el proyecto de nueva Constitución. “Hoy hay que transversalizar todas las leyes sociales, en vivienda, en trabajo, en seguridad social”, indica Becerra. “Así como se habla de la perspectiva de género, nosotros creemos que la Constitución tiene un horizonte de inclusión, así como se incluye a los Pueblos Originarios y a las mujeres, también debe hacerlo con los grupos que históricamente hemos sido discriminados por nuestra orientación sexual o identidad de género, en ese sentido, creemos que el proyecto de nueva Constitución sí se hace cargo, sí nos menciona y eso es algo muy importante, porque las leyes que se generarán se harán desde el paraguas de la Carta Magna, no como actualmente, en que sale todo muy forzado“.
Así también lo resumió Franco Fuica: “La igualdad es un camino muy largo, pero que creo que va a mejorar la vida de mucha gente“.
La periodista de CNN Chile agradeció la distinción y recordó la trayectoria de Correa, quien es recordada como la entrevistadora más importante de la historia de Chile.
