Hermosilla presenta querella contra el Ministerio Público por filtraciones y alega vulneración de garantías constitucionales

En el marco de la investigación del denominado Caso Audios, el abogado Luis Hermosilla —quien se encuentra actualmente en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber— presentó una querella contra el Ministerio Público debido a las múltiples filtraciones relacionadas con la causa.

La denuncia fue formalizada el pasado viernes 18 de octubre, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, interpuesta por su hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla.

La querella se centra específicamente en la filtración de mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono de Hermosilla, incautado por la Fiscalía de Las Condes en noviembre del año pasado.

La defensa acusa a la Fiscalía de vulnerar garantías constitucionales en la investigación del Caso Audio

Aunque la acción legal se dirige contra todos quienes resulten responsables, el foco principal recae en los fiscales a cargo de la investigación del Caso Audios, entre ellos Felipe Sepúlveda (jefe de la Fiscalía de Las Condes), Lorena Parra (fiscal a cargo del caso), Miguel Ángel Orellana (jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado) y Eugenio Campos (jefe de la Unidad Anticorrupción).

Según lo informado por La Segunda, la querella apuntaría directamente a la fiscal Parra, quien al inicio de la investigación señaló que solo un grupo reducido de fiscales tendría acceso a los mensajes de WhatsApp, limitándose a ella y dos fiscales más.

La querella sostiene que estos fiscales, junto con los Carabineros que realizaron las diligencias, serían responsables de las filtraciones.

Dada la magnitud de estas filtraciones, la defensa de Hermosilla considera que la fiscal Parra debería ser una de las primeras investigadas, argumentando que estas “han sido muy grandes” y que, además, se han entregado copias de la carpeta investigativa a personas no autorizadas, incluidos algunos parlamentarios.

Más allá de las filtraciones, la querella también alega que se han vulnerado garantías constitucionales y legales durante el proceso de investigación, lo que podría derivar en la obtención de pruebas ilícitas, según fuentes cercanas al caso.