El subsecretario del Interior detalló que actualmente existen más de 1.200 resoluciones de expulsiones administrativas y que no se pueden ejecutar. En esa línea, explicó que el Gobierno buscará agilizar dicho proceso a través de proyectos que ya fueron enviados al Congreso.
La jornada de este domingo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó cifras relativas a la crisis migratoria en el país. Esto, en el marco de las agresiones a Carabineros donde se ha advertido la presencia de ciudadanos extranjeros.
“El año 2018 ingresaron cerca de 6 mil migrantes por pasos no habilitados, el 2019 fueron 8 mil , en 2020 fueron 16 mil y en 2021 fueron 56 mil”, indicó la autoridad en conversación con CHV Noticias.
Tras dar a conocer las cifras, Monsalve indicó que “mucho se dice de ‘otra cosa es con guitarra’, pero digo estos números porque hay otras personas que tuvieron la guitarra en sus manos y tampoco fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes”.
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“No basta con decir ‘otra cosa es con guitarra’, también hay que hacerse cargo cuando uno tuvo la guitarra y cuando muchos que critican tuvieron la guitarra, es cuando se produjo el ingreso más masivo de migrantes por pasos no habilitados y nosotros no estábamos en el Gobierno”, enfatizó.
Según lo señalado por el subsecretario, el presidente Gabriel Boric envió dos proyectos al Congreso, que ingresaron el martes 11 de octubre , y que buscan controlar el ingreso por pasos no habilitados, específicamente uno de ellos pretende “facilitar los procesos de expulsión administrativa”.
En esa línea, explicó que en la actualidad “hay más de 1.200 resoluciones firmadas por el director -del Servicio Nacional de Migrantes- que no se pueden ejecutar porque la ley establece un requisito, que hay que notificar al migrante”.
Situación que complica el proceso de expulsión, puesto que “no conocemos su nombre porque da un nombre falso o una dirección falsa, y por lo tanto, notificarlo se transforma en una tarea imposible y no se puede ejecutar”.
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“El proyecto cambia el mecanismo y permite que la expulsión sea por carta certificada al domicilio que el migrante haya dado, y una vez entregada, se entiende como hecha la notificación. También la permite por correo electrónico. Esto debería permitir agilizar y mejorar las capacidades”, puntualizó.
Por último, detalló que “el segundo elemento en que se está trabajando, y que va a estar funcionando de aquí a febrero, es que el presidente nos autorizó $2.600 millones para un trabajo conjunto con la PDI y un organismo internacional para desplegar 50 módulos a nivel nacional para la identificación biométrica de los migrantes, es decir para exigir a los migrantes a concurrir, tener identificación de su rostro, huella y nombre”.
“El registro biométrico nos parece una tarea esencial. Hoy se está en ejecución para la adquisición del equipamiento”, concluyó.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
