El comandante en jefe del Ejército fue citado a La Moneda para dar explicaciones por la fatídica campaña en el norte.
Este viernes por la tarde, el presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión con el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, para abordar personalmente los eventos ocurridos durante la marcha realizada en Putre (Región de Arica y Parinacota), la cual terminó con la muerte del soldado conscripto Franco Vargas.
Posteriormente a la reunión, la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, comunicó que Iturriaga continuará en su cargo, aunque no proporcionó más detalles al respecto.
Tensos días para Iturriaga y el Gobierno
Durante la semana, el mandatario citó al alto mando de la institución para que, junto a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, le detallen personalmente los hechos que ocurrieron en la marcha que realizó el grupo de soldados de la Brigada Motorizada N.º 24 “Huamachuco” en Putre, en la Región de Arica y Parinacota, y que terminó con el fallecimiento de Franco Vargas (19), heridos y más de 40 efectivos con cuadro infeccioso de origen respiratorio.
Además, el presidente solicitó conocer todas las medidas que se van a tomar para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. En ese sentido, recordó la trágica muerte ocurrida en mayo de 2005 en Antuco (Región del Biobío). “No podemos permitir que esto vuelva a suceder”, expresó.
Horas antes, la ministra Fernández confirmó que el acta entregada para su firma a los conscriptos “legalmente no corresponde”. El documento habría sido firmado por al menos nueve de los más de 40 soldados que accedieron a la baja tras la muerte del joven Franco Vargas.
El papel señalaba que el suscrito“jamás recibió apremios físicos, ni psicológicos, como tampoco ningún tipo de maltrato derivado de terceras personas o discriminación alguna”. Desde el Ejército indicaron que el documento forma parte del protocolo tradicional de la institución.
Finalmente, la titular de Defensa Nacional indicó que el acta no fue considerada a petición del Ejecutivo.
La tragedia en Putre también ha dejado esquirlas en el Gobierno. La denuncia de familiares del joven fallecido, así como de otros conscriptos, respecto a presuntos maltratos y fallas por parte del Ejército, rápidamente encendió las alertas de todo el mundo político.
Si bien en un comienzo la comunicación del caso corrió por parte del Regimiento Huamachuco, con el pasar de los días, y mientras se conocían nuevos antecedentes, el manejo comunicacional cambió y fue tomada por el propio Iturriaga, quien se apersonó en la zona para pedir explicaciones de lo ocurrido. Es así como hasta la fecha ocho militares han sido relegados de sus cargos producto de la muerte de Vargas.
Este episodio a dado paso a una serie de interrogantes, versiones contrapuestas y denuncias, manteniendo hasta hoy tensión en el Ejecutivo y la institución castrense. Esto sobre todo luego que parlamentarios del oficialismo le solicitaron al Gobierno que Iturriaga sea removido. De hecho, el diputado Félix González (PEV) anunció que buscará una acusación constitucional contra el general si no dimite.