A propósito del ultimátum del gremio de transportistas, el abogado experto en derecho penal aseguró que Ley Orgánica de Estado de Excepción Constitucional entrega una serie de atribuciones para garantizar el abastecimiento en el país.
“Estamos conscientes que hoy tenemos un problema muy grave que es el abastecimiento, porque estamos en pandemia, pero ello no significa que vamos a seguir aceptando que la delincuencia, en todas sus formas, siga enseñoreándose en la nación”.
Con esas palabras, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), dio un ultimátum al gobierno y anunció que este jueves el sector realizará un paro nacional si es que no se compromete una pronta aprobación de los proyectos de ley a favor del rubro y la seguridad de los camioneros.
La advertencia dejaría en un escenario complicado al Ejecutivo ante la necesidad de que no se quiebre la cadena de abastecimiento en el país.
Sin embargo, Mauricio Daza, Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales, asegura que existe otra alternativa ante este escenario, ya que el gobierno posee la facultad de requisar los vehículos y que estos sean operados por funcionarios militares para garantizar el abastecimiento de productos esenciales.
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En conversación con CNN Chile, el experto planteó que “básicamente lo que está planteando este grupo de camioneros es que van a impedir que exista un normal abastecimiento de productos e insumos básicos para la población”.
El abogado aseguró que en este contexto “se puede aplicar la Ley Orgánica de Estado de Excepción Constitucional, la cual permite a la autoridad la posibilidad de requisar toda clase de bien y, además, existen también un conjunto de delitos que precisamente lo que castigan son conductas como el establecer algún tipo de límite ilícito a lo que es el normal abastecimiento de productos básicos”, añadió.
Daza afirmó que “llama mucho la atención que, lejos de anunciarse que se va a aplicar todo el rigor de la ley para garantizar en un estado de excepción constitucional en medio de una pandemia y que todas las personas van a poder tener un abastecimiento normal de productos básicos, se plantea que acá hay que considerar las exigencias de un grupo de camioneros para los efectos de que se legisle en un determinado sentido“, dijo.
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En ese sentido, el abogado aseveró que “el gobierno tiene una obligación, las autoridades de turno no pueden hacer lo que les antoje y lo que corresponde es que se haga cumplir la ley o si no se cae en un notable abandono de deberes, que también está sancionado en la Constitución”.
“La autoridad tiene la posibilidad de requisar camiones, de hacer que estos sean operados por personal militar si es necesario, y además tienen incluso el deber de llevar a la justicia a quienes están cometiendo estos actos que son constitutivos de delito”, añadió.
Respecto al trasfondo de las demandas, Daza afirmó que “llama la atención que el conjunto de proyectos de ley a los cuales se hace referencia por parte del representante de la confederación que agrupa a las federaciones de camioneros, son todos proyectos de ley los cuales han sido iniciativa del gobierno“.
“Se trata además de proyectos que forman parte de su agenda legislativa, pero que han tenido problemas durante su tramitación, ya que en el Congreso se ha cuestionado el entregar más atribuciones al gobierno y policías en materia de seguridad pública, sin establecer mayores controles ni contrapesos para garantizar una actuación efectiva sin que se cometan abusos”, añadió.
Finalmente, el abogado señaló que “obviamente este llamado de los camioneros y este ultimátum que se hace es funcional a la agenda legislativa del gobierno”.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
