El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, sostuvo a través de un correo que estaba disponible a asistir a la comisión especial investigadora por el Caso Convenios, asegurando que "lo prioritario y urgente es superar esta discusión”.
El jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, manifestó esta jornada su disponibilidad para asistir a la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga los traspasos a fundaciones en el Caso Convenios.
La decisión, que fue comunicada a través del correo institucional de Presidencia de Crispi, llega luego de que el jefe de asesores se ausentara en dos oportunidades a la instancia, provocando diversas críticas desde el mundo político.
“En vistas que los antecedentes que he aportado para la sesión del día 12 de octubre no han sido considerados suficientes por esta Comisión, vengo a manifestarle mi disponibilidad para asistir a una próxima sesión, en la fecha en que usted y la honorable comisión decida convocarme”, inició Crispi en el correo.
En esa línea, agregó, “le expongo esta voluntad con base en mi convicción de que lo prioritario y urgente es superar esta discusión”, consignó La Tercera.
“Así, espero responder vuestras inquietudes de manera presencial o por escrito, en relación con los actos de gobiernos ejecutados en el cargo de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo”, puntualizó.
Cabe mencionar que la ausencia de Miguel Crispi fue cuestionada por el contralor Jorge Bermúdez, quien ingresó un oficio y le dio un plazo de 5 días al jefe de asesores para argumentar las razones de la inasistencia en la instancia.
Miguel Crispi está siendo investigado por validar el convenio por casi $630 millones entre el Gobierno Regional y la fundación ProCultura para desarrollar el proyecto de “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica”, mientras ejercía en la Subsecretaría de Desarrollo Regional de Antofagasta.
Sin embargo, el proyecto no pudo llevarse a cabo, ya que los propietarios de los inmuebles no permitieron su intervención.
Tras la situación, el Gobierno Regional de Antofagasta solicitó antecedentes de viabilidad sobre los inmuebles contemplados en el proyecto a la fundación, los que mostraron que 14 de los 19 inmuebles no cumplían con los criterios de selección y los 5 restantes abarcaban un poco más de la mitad de metros establecidos en el acuerdo.
Debido a esto, el Gore de Antofagasta decidió poner fin de manera anticipada al convenio suscrito y ordenó el cobro de la garantía de cumplimiento por la fundación establecida en el convenio, la que asciende a $373 millones.
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