El fiscal José Morales, a cargo del caso, detalló las diversas maneras en que el excomandante en jefe del Ejército y su esposa habrían obtenido y utilizado los fondos reservados para su beneficio personal, informando que los acusados realizaron un total de 635 movimientos bancarios.
Durante los alegatos de clausura en el juicio por lavado de activos contra el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa Anita Pinochet, iniciados esta semana, Fiscalía reveló el uniformado “iba cada dos días al banco” a remover dinero.
Ambos son acusados en el marco del caso Milicogate por utilizar gastos reservados del Ejército para fines personales, lo cual contraviene la ley y las normativas militares.
En concreto, el Ministerio Público reveló que los acusados realizaron 635 movimientos de depósitos en efectivo y pagos con tarjeta en 1265 días bancarios, lo que representa casi la mitad del período investigado.
El fiscal centro norte, José Morales, detalló las diversas formas en que Fuente-Alba y su esposa habrían obtenido los fondos reservados para su beneficio personal, incluyendo gastos para los viajes de Pinochet.
“Hoy la Fiscalía ha señalado todo lo que tiene que ver con las apropiaciones directas que hizo el excomandante en jefe del Ejército, respecto a los gastos reservados, tanto para su beneficio personal, gastos para los efectos de los viajes de su cónyuge, etc.”, sostuvo Morales.
El fiscal también indicó que “si uno saca la cuenta de la cantidad de operaciones que se realizaron en efectivo, uno se da cuenta de que esta persona fue cada dos días al banco. Lo cual obviamente es algo absolutamente inusual”.
Cabe recordar que la Fiscalía Centro Norte pidió 15 años de cárcel para Fuente-Alba, quien ejerció el cargo entre 2010 y 2014, mientras que para su esposa, Anita Pinochet, se pidieron 10 años de prisión.
Los alegatos de clausura representan la fase final del juicio oral, donde cada parte expone una síntesis de lo investigado y del juicio. En esta etapa, el Ministerio Público, los querellantes, incluido el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y los defensores presentan sus últimos argumentos para convencer a los magistrados sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados en los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos.
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