La ministra vocera de gobierno se refirió a las cautelares dictadas en contra de Sergio Muñoz, que lo dejará en prisión preventiva mientras dure la investigación. "La sola posibilidad de que se haya entorpecido el trabajo de la Fiscalía produce escozor", sostuvo.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la formalización al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien fue dejado en prisión preventiva tras ser acusado de revelar información de causas reservadas. Esto en el marco de las indagatorias por el denominado Caso Audios.
A través de una vocería desde la Moneda, la secretaria de Estado sostuvo que como Gobierno “queremos reiterar, en este sentido, nuestra condena absoluta, categórica y tajante frente a estos hechos que revisten la máxima gravedad”.
“Con esto se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría, posiblemente, organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía“, enfatizó.
En ese sentido, sostuvo que la sola posibilidad de que se haya entorpecido el trabajo de la Fiscalía “produce escozor“.
“Estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica, no solamente al ex director general de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a ex personeros de Gobierno y líderes políticos, hasta el momento, de la oposición“, planteó.
Asimismo, agregó: “Estamos hablando del caso Dominga, que involucraba posibles delitos tributarios de cohecho y soborno, el caso Enjoy, que involucraba posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible. Estamos hablando también de un caso asociado al exdirector de la PDI, Héctor Espinoza, y también el caso Guevara por negociación incompatible, entre otros casos”.
“Esto evidentemente es de suma gravedad, pero también queremos poner otros énfasis sobre la mesa y tiene que ver con la necesidad de proteger y fortalecer nuestras instituciones democráticas día a día”, zanjó.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
