La ministra vocera de Gobierno señaló que "las capacitaciones e inducciones siempre son bienvenidas, en cualquier instancia, y particularmente en lo que respecta a la administración pública. Sin embargo, nunca una capacitación más o menos puede ser justificación para no cumplir con la normativa".
Este lunes, Contraloría afirmó que los funcionarios del actual Gobierno no tomaron un curso básico de administración pública y probidad que imparte el ente fiscalizador en el Centro de Estudios de Administración del Estado (CEA). La administración no habría tomado las capacitaciones, las cuales no son obligatorias, aludiendo a “problemas de agenda“.
Al respecto, esta tarde, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que “no se requiere una capacitación para cumplir con la normativa y con la ley. Es bueno que cuando un subsecretario, subsecretaria, ministro o ministra comete un error de este tipo, entienda que tiene una responsabilidad política y que no se puede excusar en la ausencia de una capacitación”.
“Las capacitaciones y las inducciones siempre son bienvenidas, en cualquier instancia, y particularmente en lo que respecta a la administración pública. Sin embargo, nunca una capacitación más o una capacitación menos puede ser justificación para no cumplir con la normativa“, agregó la secretaria de Estado.
En esta línea, afirmó que la ley “se presume conocida por todos y todas cuando se publica, y más cuando uno ingresa a funciones de Estado, a funciones de Gobierno. Por ende, no puede justificarse en que obtuvo o no una capacitación para dar cumplimiento total y absoluto a la normativa vigente“.
“Por eso es que es tan clave cuando se asumen las responsabilidades políticas al cometer este tipo de error, porque para eso uno tiene un equipo, una dirección de administración y finanzas, un encargado jurídico y un gabinete de personas que deberían estar permanentemente asesorando y monitoreando el cumplimiento de la normativa cuando, a veces, pueden desconocerse algunos elementos”, cerró.
La capacitación está dirigida a ministros, subsecretarios, jefes de servicio, jefes de gabinete y otros, y busca entregar nociones de cómo funciona la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.
Funcionamiento de datos administrativos, compras públicas, licitaciones, traspasos de recursos, conflictos de interés y cómo evitar la corrupción, son parte de los temas que se abordan en la instancia.
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