El secretario de Estado aclaró que la denuncia recibida en mayo por la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta fue investigada y arrojo que “no era efectiva en los términos que se planteaban”.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la denuncia realizada por la supuesta contratación excesiva de funcionarios de Revolución Democrática (RD) en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.
En el contexto de la investigación efectuada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respecto a los convenios por $426 millones con la fundación Democracia Viva, Montes se refirió a la denuncia efectuada en mayo por la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta, Carla Olivares.
Bajo esa línea, el secretario de Estado manifestó que la denuncia “fue recibida” e “investigada” pero que “los antecedentes que dio esa investigación no era efectiva en los términos que se planteaba”.
Además, informó que “esta situación es distinta” a la investigación actual y que el “tipo de personas que se estaba contratando” no tiene nada que ver respecto a los convenios.
De acuerdo a Meganoticias, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Minvu de Antofagasta, Carla Olivares, envió un correo alertando de las posibles irregularidades que percibían desde en el equipo regional.
En ese momento, la presidenta de funcionarios aclaró que la situación era “delicada y compleja”.
Por otro lado, el mail indicado aclaraba que estaba copiado a siete funcionarios del ministerio, entre ellos la jefa de gabinete de la Subsecretaría del Minvu, Moira Villa; la contralora interna en el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, Nadia Rojas; y la jefa del departamento Jurídico del Serviu Antofagasta, Paulina Vallejos.
Mientras tanto, el ministro Carlos Montes ha señalado que se enteró de esta situación el pasado 16 de junio, luego de que aceptara la renuncia del Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
