El secretario de Estado entregó este miércoles los resultados de la investigación especial que realizó la cartera respecto del hallazgo de 89 cajas con osamentas humanas, encontradas en dependencias de la Universidad de Chile. Junto con ello, instruyó un sumario administrativo con el objetivo de determinar responsabilidades.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, junto a la directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Pardo, entregó este miércoles los resultados de la investigación especial que realizó la cartera respecto del hallazgo de 89 cajas con osamentas humanas, encontradas en dependencias de la Universidad de Chile, que corresponderían a detenidos desaparecidos.
En ese sentido, el secretario de Estado informó que ocho de los restos corresponden al Cementerio de Concepción, 18 respecto de hallazgos encontrados en Cerro Chena en San Bernardo, uno del Regimiento Artillería de Linares, seis en Pampa Dolores y cuatro de Río Negro.
Asimismo, otros dos corresponden al cementerio de Copiapó, al igual que el cementerio de Rahue Alto y el Servicio Médico Legal de Osorno.
Esto sumado a una caja del Caso Calama, otra del Caso Pisagua y del Patio 134 del Servicio Médico Legal, junto a una del SML de Concepción.
De esta manera, Cordero confirmó que ya se logró determinar la procedencia de 51 de las cajas, mientras que 38 de ellas aún son de origen desconocido.
Junto con ello, instruyó un sumario administrativo con el objeto de determinar responsabilidades.
“Aun cuando estemos indagando un periodo de más de veinte años en que estos hechos ocurrieron”, aseguró la autoridad.
Junto con hacer un duro mea culpa, el titular de Justicia subrayó que toda esta información ya fue entregada a los familiares y agrupaciones de Derechos Humanos.
“Lo que revela el caso de las 89 cajas es una de las manifestaciones más evidentes de la indolencia estatal. Por más de veinte años, a vista de los ojos de distintos organismos del Estado, hallazgos de restos en investigaciones judiciales vinculadas a desaparición o ejecución de personas en crímenes de la dictadura, se encontraron albergadas sin que tuviera el Estado una posición proactiva para resolverla”, señaló.
“Lo segundo es que vuelve a reafirmar los errores que el Estado ya cometió en el pasado. El año 2006 el Estado de Chile tuvo que reconocer los errores a consecuencia de los problemas y de los errores de identificación en el Patio 29″, añadió.
En ese sentido, dijo que el caso es un “encadenamiento de errores e inexperiencia desde el origen hasta el final, es decir, que no solo comprometen al Servicio Médico Legal, sino que comprometen al sistema de justicia en general”.
“Aun cuando las responsabilidades pudieran estar extinguidas en algún caso, pero es conveniente que esa investigación se lleve a cabo para la tranquilidad de las familias”, zanjó.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
