De acuerdo al documento ingresado por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube ante el Tribunal Constitucional, la normativa tiene "una mirada selectiva y fragmentada" que vulneraría la Constitución. Al respecto, el secretario de Estado señaló que "esto es como el eterno retorno. A mí me parece que la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso".
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la presentación formulada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ante el Tribunal Constitucional (TC), esto para modificar la ley de delitos económicos.
De acuerdo al documento ingresado por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, la normativa tiene “una mirada selectiva y fragmentada” que vulneraría la Constitución.
Al respecto, el secretario de Estado señaló que “esto es como el eterno retorno. A mí me parece que la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso”.
Asimismo, dijo que la acción interpuesta por el gran empresariado “es exactamente lo mismo que se hizo en el caso del Sernac. En el caso del Sernac, un proyecto que tenía por propósito robustecer el sistema institucional en materia de consumidores, con una amplia aprobación por parte de este Congreso, mientras estaba en control preventivo, un simple ‘téngase presente’ derribó completamente ese proyecto de ley“.
Por otra parte, el titular de Justicia sostuvo que “este proyecto de ley, el de delitos económicos y ambientales, ha tenido una amplísima discusión, ha contado con los mejores especialistas en la asesoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, el sector privado pareciera que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final“.
“A mí me parece que todo el mundo tiene derecho a petición. Lo que me parece que es un indicador políticamente incorrecto es tratar de utilizar al Tribunal Constitucional en el control preventivo para alterar la voluntad del Congreso”, agregó.
Finalmente, zanjó que “lo que hoy día sucede lamentablemente se parece demasiado a lo que en el pasado se hizo con la reforma al Servicio Nacional del Consumidor. Esperemos que esta vez el Tribunal Constitucional no exceda una decisión como la que adoptó en ese minuto“.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
