El ministro de Vivienda aclaró sus dichos emitidos ayer respecto a que si el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno hubiera continuado con los reportes de transferencias en 2022 "podría haberse sabido más tempranamente" las irregularidades en torno al caso Convenios.
A través de un comunicado, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aclaró sus dichos emitidos ayer respecto a que si el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno hubiera continuado con los reportes de transferencias en 2022 “podría haberse sabido más tempranamente” las irregularidades en torno al caso Convenios.
El secretario de Estado reveló que desde junio del año pasado, el organismo dejó de reportar las transferencias a terceros. Esto cuando la entidad era liderada por el ministro Giorgio Jackson, en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
En esa línea, y consultado por la decisión del Consejo, Montes sostuvo que “no soy un experto en esta materia, pero todo lo que he oído de expertos es que efectivamente eso hubiese dado luces más anticipadas de los riesgos que se estaban corriendo y de los hechos que podrían ocurrir. Espero que eso se revise y se replantee”.
Ante esto, el titular de Vivienda salió a aclarar: “Respecto a mis declaraciones sobre el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, quisiera precisar que me referí en términos generales al rol que considero debe cumplir y de ahí la importancia de fortalecer esta institucionalidad para contar con herramientas más robustas de control interno“.
“Quiero especificar que las auditorías preventivas que implementaremos en el Ministerio nos permitirán detectar de mejor manera las inconsistencias entre los productos solicitados, como -en este caso- la experiencia y objeto de las fundaciones, así como el irrestricto respeto a normas sobre uso de fondos públicos y normas de integridad”, agregó.
Finalmente, precisó que los datos que dejaron de solicitarse en 2022 “no habrían permitido determinar potenciales irregularidades específicas del caso Convenios“.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
