Entre 350 y 450 empleados públicos serán escogidos para someterse a las pruebas de detección de drogas ilícitas entre mayo y agosto de este año.
Debido a lo estipulado en las leyes 18.575 y 20.000, autoridades de 40 instituciones públicas deberán someterse a un examen de drogas.
Como todos los años, el proceso ya fue iniciado por Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). Se trata de 40 muestreos aleatorios que será realizados a ministros, subsecretarios, jefes de servicios, intendentes, gobernadores, alcaldes, concejales, consejeros del Banco Central y jueces entre mayo y agosto, según informa La Tercera.
El proceso comienza con el envío de oficios informativos a las autoridades sujetas a la legislación, donde se informa sobre el desarrollo de los procedimientos. En paralelo, los organismos deben elegir un encargado interno e informar al servicio sobre quién será esta contraparte.
A continuación, el 29 de abril se difundirán las bases de la licitación para que una empresa externa se encargue de la toma de muestras, mientras que el Senda escogerá -por sorteo y ante notario- a 40 reparticiones públicas que serán sometidas al test, y otras 40 que quedarán como “suplentes”, ante cualquier eventualidad.
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Según destaca al matutino Carlos Charme, director de Senda, en cada institución serán entre 10 y 15 los funcionarios que se escogerán aleatoriamente para que se sometan a la prueba de detección de drogas ilícitas. Se espera que entre 350 y 450 empleados públicos sean parte del proceso.
Quienes arrojen positivo en el test, “tienen un tiempo para exponer qué es lo que están consumiendo, lo que es evaluado por una comisión que determina si es acogida o no su aclaración”, afirma la autoridad de Senda, tomando en cuenta que hay personas que consumen drogas permitidas como ansiolíticos y antidepresivos. Sin embargo, si la aclaración no es acogida, la ley obliga a la persona a que se someta a un tratamiento.
La licitación será adjudicada en mayo, por un costo de 35 millones de pesos, para hacer los exámenes hasta agosto. La empresa encargada deberá entregar un informe preliminar de los resultados en septiembre y otro con las conclusiones definitivas en octubre.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
