CNN Chile accedió en exclusiva al documento de auditoría a la Dirección de Obras Municipales y conversó con los denunciantes del caso. En la investigación se encontraron permisos irregulares para diversas edificaciones de manera ininterrumpida desde la administración de Johnny Carrasco (1992-2021) y se comprobó que la Seremi de Vivienda también estaría involucrada.
Miles de viviendas, depósitos de vehículos, bodegas, industrias y hasta un colegio, entre muchas otras edificaciones, fueron construidas con permisos irregulares de la Dirección de Obras Públicas (DOM) de la Municipalidad de Pudahuel. Esto, según el informe de Contraloría firmado por el contralor Jorge Bermúdez que, tras denuncias, auditó al organismo y encontró tres décadas de anomalías reproducidas de forma estructural.
CNN Chile accedió en exclusiva al documento en que el Departamento de Auditorías Especiales de Contraloría detectó que el organismo de Pudahuel aprobó sistemáticamente construir más de lo que permite el Plan Intercomunal de Santiago, en terrenos que no admitían las actividades que finalmente se aprobaron. En zonas rurales, el organismo autorizó construcciones sin el informe favorable de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, no obstante, en otras áreas urbanas sí habrían estado en coordinación.
Así, fueron hallados galpones, industrias, bodegas, oficinas y centros de distribución con superficies edificadas que superan ampliamente los respectivos coeficientes de constructibilidad; se suma un colegio, dos supermercados y tres strip center construidos en zona industrial exclusiva.
Las irregularidades se originaron durante la administración del alcalde Johnny Carrasco (PS), desde 1992 hasta 2021, y fueron ordenadas por Ricardo Gallardo Gower, arquitecto y director del DOM, que incluso ha asumido como alcalde subrogante. El informe del ente fiscalizador incluso lo responsabiliza de haber entregado permisos que violan la regulación a su cuñado, Juan Miranda Valdivia, que a través de Inversiones Baiona Limitada obtuvo tres permisos de edificación y 16 de loteo entre los años 1995 y 2015. Sin embargo, Gower continúa en sus funciones bajo la responsabilidad del nuevo alcalde, Ítalo Bravo (PI).
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Ante los hechos, la Contraloría anunció que instruirá un proceso sumarial, tanto en la Municipalidad como en la Seremi, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos observados, cuya gravedad y reiteración dejan abierta la posibilidad de la máxima sanción administrativa, relacionada con la destitución de funcionarios, así como que estos antecedentes se lleguen a presentar en el Ministerio Público.
Si bien las denuncias al órgano fiscalizador se remontan a 2019, las irregularidades de la Dirección de Obras Municipales continuaron a pesar del desarrollo de la investigación y de que en junio de 2021 el ex alcalde Carrasco obtuviera el pre informe de la auditoría, sin que existieran acciones concretas para detener la situación.
Casi 300 páginas de irregularidades
En detalle, se encontraron 21 autorizaciones a proyectos de vivienda del loteo Ciudad de Los Valles y cinco del loteo Izarra de Lo Aguirre, que no se ajustaban a las normas urbanísticas de la zona industrial exclusiva en que se emplazan. Le siguen otras cuatro autorizaciones a proyectos similares emplazados en la Zona II. El decreto N° 169 de 1984 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo indica que en la referida solo se permite el comercio, oficinas, equipamientos, áreas verdes y vialidad.
El texto continúa identificando cuatro aprobaciones de subdivisión y modificación de proyectos de edificación en el loteo Ciudad de Los Valles que omitieron las franjas afectas a declaratoria de utilidad pública y cinco modificaciones de proyectos de edificación con uso de suelo para actividades productivas que vulneraban los coeficientes de constructibilidad y de ocupación de suelo.
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Asimismo, enormes depósitos de vehículos nuevos y centros de bodegaje en el sector El Noviciado fueron construidos en terrenos que desde 1994 no permiten ese tipo de actividades. Se hicieron informes favorables para levantar edificaciones en el área de protección del aeropuerto Arturo Merino Benítez y modificaciones ilegales de las áreas de riesgo del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), realizadas mediante una aplicación irregular del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Entre muchos otros descubrimientos del informe de 295 páginas, destaca también que la DOM emitió 36 informes de uso de suelo sobre cuya base la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad municipal aprobó una serie de patentes comerciales y provisorias que no se condicen con el uso de suelo admitido en el lote objeto de dicho permiso, vulnerando con ello lo dispuesto en el Artículo 26 del decreto ley N° 3.063 de 1979, que establece normas sobre rentas municipales.
El pasado 16 de junio, el equipo del alcalde Bravo difundió un comunicado en que se declara que “el municipio cumplirá con todo lo que el informe obliga y que se refiere al inicio de un proceso de invalidación de los permisos de bodega que se encuentran en una zona de interés silvoagropecuario de la comuna, de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago”. En esa línea, han indicado, “se estudiará la factibilidad de interponer una acción de nulidad de derecho público respecto de los permisos otorgados con fechas anteriores y todo lo que conllevan los permisos de edificación que se identifican como irregulares o contrarios a norma”.
En cuanto a sus acciones antes del pronunciamiento del ente contralor, afirmaron que “este alcalde, junto con su equipo de trabajo, ya había detectado posibles infracciones a la normativa urbanística, y en conocimiento además de la investigación que se mantenía en curso, ya se habían tomado medidas para ajustar criterios, como por ejemplo la labor más activa de la Dirección Jurídica en la revisión del respeto a normas urbanísticas en la comuna”.
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Origen de la denuncia
La primera persona en denunciar los hechos fue la concejala Gisela Vila (UDI), quien ocupa el cargo desde fines de 2016. Al teléfono en conversación con CNN Chile, Vila recuerda cómo llegó a encontrar las irregularidades: “La primera dificultad que vimos en el sector de Ciudad de los Valles fue el fraccionamiento que habían ejecutado las empresas inmobiliarias, algo que no lo permitía la ley, y nos llamó mucho la atención que en este emplazamiento habitacional no se hubiese requerido un estudio de impacto medioambiental ni de tránsito“.
La concejala Vila señala: “Muchas veces hice requerimiento de información a través de la administración anterior, del alcalde Carrasco, y nunca nos dieron respuesta, básicamente se burlaron de mí“. También cuenta que “hay informes en los cuales desestiman todas mis intervenciones con respecto al tema. Eso comunicó en un principio que yo prácticamente estaba loca y que todo estaba en regla, pero no fue así”.
La concejala afirma haber recibido ofrecimientos de soborno desde particulares: “Me reí y pensé que era una broma, luego vinieron amenazas, lo que me hizo cambiar mi rutina y sentí susto por mi hijo que hoy tiene 15 años”. Además, explicó, “esto lo denuncié en Concejo Municipal y no hice la denuncia al Ministerio Público porque los hechos fueron por parte de distintas personas a través de mensajes, pero no tenía pruebas de videos ni audios”.
Tras conformar un equipo de trabajo con otros profesionales, Vila entregó todos los antecedentes encontrados a Contraloría en 2017. Fue a fines de 2019 cuando el contralor solicitó a un departamento especial iniciar la investigación que culminó este mes. “Mientras existió este proceso, solicité muchas veces que se invalidaran permisos, sobre todo de bodegas emplazadas en el sector de El Noviciado (…), pero Gallardo, el director de obras, siempre se escudó en que estaba todo correcto y que, mientras la Contraloría no se pronunciase, él no iba a dejar de entregar los permisos respectivos“, señala.
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Luego de dos años de investigación, afirma Vila, “se demuestra que todas las denuncias realizadas por esta concejal eran efectivas, y las que se desestiman es porque ya han pasado más de 30 años“. Respecto a la condición en que queda el ordenamiento en el plano urbano de la comuna, la concejala manifiesta que “la única solución que vemos como equipo es solicitar el cambio del Plan Regulador de Santiago (PRS), para luego poder incorporarnos al PRS comunal, si no, esto será imposible de regularizar”. En esa línea, subrayó, “estamos hablando de casas sobre las 7 mil UF, que en su mayoría son con créditos hipotecarios por sobre los 30 años. Es una afectación pública muy importante”.
Ahora que Contraloría ha concluido que existieron todo tipo de infracciones, Vila sostiene: “Espero que dentro del sumario la Contraloría instruya también al Ministerio Público, porque aquí estamos hablando de cohecho, de un delito reiterado en el tiempo y que, de no haber existido este informe, se hubiese seguido cometiendo a la vista de todos”.
“Podría durar años”
A la acusación de la concejala, en 2017, se sumó Patricio Herman, presidente de Fundación Defendamos la Ciudad, que se ocupa de velar por el crecimiento urbanístico armónico y sustentable. Al reflexionar sobre el caso, destaca que “en este informe final de auditoría, no solo quedan muy mal las autoridades de Pudahuel, sino también las autoridades de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Estos funcionarios han cometido infinidad de errores. En Chile se habla de ‘errores‘ cuando se cometen actos corruptos“.
Herman acusa que “el actual alcalde era concejal, es decir, al igual que sus colegas, no cumplió con el rol fiscalizador que tienen”. Asimismo, sostiene que “esto no pasa únicamente en Pudahuel. Yo podría decir que en las 345 municipalidades que hay en el país todo esto existe, pero no con tanta impudicia como lo que sucedió aquí”, recordando que el inicio de las irregularidades, hace tres décadas, fue por el aprovechamiento de “interpretaciones abusivas de varias empresas” de las normas urbanísticas.
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Cuenta que, tras llegar el caso “a las autoridades administrativas del Estado, los titulares de los proyectos recurrieron a la justicia. En aquella época, los magistrados de Tribunales no tenían los conocimientos acabados que tienen actualmente, y fue un abogado contratado por estas empresas quien logró desautorizar el dictamen de la Contraloría y la Corte Suprema permitió la consecución de estos negocios ilegales“.
Consultado por su impresión de lo que seguirá al informe de Contraloría, se muestra desesperanzado: “Me da la impresión de que no va a suceder nada, porque Chile es el reino de la impunidad, en todo orden de materia”, manifestando que “el caso podría durar años, porque los titulares afectados se defenderán con los mejores abogados”.
Finalmente, señala, “quiero permitirme hacer un llamado al presidente Boric, para que terminemos con estos comportamientos corruptos, de admitir la impunidad, que le hace tan mal al sistema, y parece que los políticos aún no se han dado cuenta“.
