Esta semana se dio a conocer que Luis Fuica fue una de las personas que recibió pensión por gracia para víctimas del estallido social, pese a haber sido condenado por saquear un supermercado en ese mismo periodo. La acción causó polémica en el mundo político.
El ministro (s) del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno presentará dos indicaciones a mociones parlamentarias para poder revertir la polémica pensión por gracia que recibió un condenado por saqueo.
Esta semana se dio a conocer que Luis Fuica fue una de las personas que recibió el beneficio destinado para víctimas del estallido social, por haber sido lesionado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con perdigones en el cuello de una “mediana gravedad”.
La situación ha causado polémica en el mundo político, ya que Fuica también está condenado por saquear un supermercado el 22 de octubre de 2019, mismo día en que resultó herido con el proyectil.
En entrevista con Radio ADN, el ministro (s) Monsalve explicó que estas pensiones son entregadas en el marco de una glosa que está en la Ley de Presupuesto, la cual establece condiciones para entregarle. En ella, está la condición que, la persona que recibe el aporte, “tenga un informe del INDH y que ese informe sea hecho llegar al Ministerio del Interior“.
“Es (parte de la) Ley de Presupuesto, una glosa que fue aprobada por el Congreso y que respetó, tanto el Gobierno del presidente Piñera como de este Gobierno”, indicó la autoridad.
Además, comentó que tanto en esa ley, como en la de pensiones de gracia, nunca en la historia del país se ha solicitado los antecedentes penales de esas personas: “Le ocurrió al presidente Piñera, que entregó 14 o 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales, y también nos ocurrió a nosotros, que seguimos rigurosamente el reglamento que establecía el mecanismo de entrega de estas pensiones y que no establecía, ni la ley, ni el reglamento, tener a la vista los antecedentes de estas personas”.
De este modo, Monsalve sostuvo que, como Ejecutivo, “solo le entregamos pensiones de gracia a víctimas del estallido de acuerdo a los requisitos que estableció la glosa, que implicaba tener un informe del INDH. Nadie que no tuviera ese requisito recibió pensión de gracia. Cumplimos lo que aprobó el Congreso. Si cumplir estas normas es suficiente para lo que el país espera, tendría que decir que no”.
Ante la polémica ocasionada, el ministro (s) del Interior anunció al medio citado que en enero, el Ejecutivo presentará dos indicaciones a mociones parlamentarias que actualmente están en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La primera consiste en que se dé la obligación de que las autoridades tengan vista de los antecedentes de las personas antes que se decida entregar la pensión de gracia.
En tanto, la segunda indicación consiste en autorizar la facultad legal para revocar la pensión. En ese sentido, Monsalve indicó esto en Chile nunca se ha revocado.
“Queremos entregar certeza jurídica. Muestra la voluntad del Gobierno de corregir una situación que nos parece que no debió haber ocurrido”, sentenció el ministro (s).
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
