"Nos parece que la autoridad política tiene que tener la facultad legal, clara y explicita de revocar este beneficio si es que una persona ha incurrido en conductas, como por ejemplo la comisión de un delito o por ejemplo, la comisión de un crimen", señaló el subsecretario del Interior.
Este martes se reveló que el Ministerio del Interior timbró el decreto que otorgó la pensión de gracia a Adán Isaac Marcelo Castro Cifuentes, de 25 años, quien llevaba más de un año por dos cargos de maltrato de obra a Carabineros.
De acuerdo a Ex-Ante, el motivo del beneficio era estar entre las “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019“. Según su sentencia, en un control de identidad golpeó a dos funcionarios policiales y pateó en el cráneo a uno de ellos cuando estaba en el piso.
Al respecto y en torno a las críticas, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que el Ejecutivo enviará dos indicaciones a mociones parlamentarias con el objetivo de que el beneficio pueda ser revocable.
En ese sentido, subrayó que “el Ministerio del Interior del Gobierno del presidente Gabriel Boric ha entregado pensiones de gracia cumpliendo con la misma ley y con el mismo reglamento con el que se entregó pensiones de gracia en el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Nos parece que ese procedimiento tiene que ser mejorado porque ese procedimiento permitió que el Gobierno anterior entregara pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y también fue el que permitió que este Gobierno entregara pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales”.
En esa línea, anunció que el Gobierno ingresará este viernes “dos indicaciones a mociones parlamentarias que se están tramitando en la Cámara de Diputados en materia de pensiones de gracia. Una para garantizarle al país que cuando se entreguen pensiones de gracia, la ley establezca la obligación de la autoridad política de tener a la vista los antecedentes penales del posible beneficiario. Obligación legal que nunca ha existido en el país y que este Gobierno va a partir de esa indicación a establecer como requisito legal”.
“En segundo lugar, vamos a ingresar una indicación para que este beneficio sea revocable. Hoy día no hay ninguna norma legal explícita que faculte a la autoridad política para revocar este beneficio. Y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, hay un vacío que no da certeza legal al respecto”, agregó.
Finalmente, la autoridad comentó que “nos parece que la autoridad política tiene que tener la facultad legal, clara y explicita de revocar este beneficio si es que una persona ha incurrido en conductas, como por ejemplo la comisión de un delito o por ejemplo, la comisión de un crimen. Y por lo tanto, esperamos que estas dos indicaciones sean acogidas en el debate y en la votación que tiene que producirse en la Cámara de Diputados”.
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