El ofrecimiento fue rechazado por la madre, quien consideró que se trataba de una burla. El deudor pretendía cancelar en 548 cuotas de $20 mil, la totalidad que equivale a una suma cercana a los $12 millones.
Andrea Muñoz no podía creer lo que escuchó en el Tribunal de Familia, cuando el padre de sus hijas le propuso saldar la deuda de casi $12 millones en 45 años, a razón de pagar $20 mil mensuales, es decir, 548 cuotas.
Su reacción no fue otra que pensar que se trataba de una broma de mal gusto: “No voy a firmar esto; es una burla”, reclamó la mujer, en medio de una congoja y angustia debido al incumplimiento de dicho sujeto. “Yo no acepté y quiero dejarlo bien en claro: no lo acepté porque esa cantidad de cuotas me pareció algo irrisorio”, afirmó.
Patricia Marambio, de Colectiva Materna Chile, revisó este caso y señaló no estar de acuerdo con extender a tan largo plazo este tipo de deudas: “Que reciban facilidades de pago, ¿les parece justo?”, enfatizó la dirigenta.
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La situación que expuso Andrea es algo que lamentablemente se repite en innumerables casos de morosos de pensión, quienes ofrecen este tipo de pagos y, algunos de ellos, son aceptados, debido a la desesperación de las madres que ven la necesidad de sus hijos.
Ximena Tudela, abogada de LegalChile, explicó lo que sucede con estos casos: “Lo que pasa en la realidad es que muchas veces el juez se encuentra con la disyuntiva de aprobar este tipo de acuerdos, versus el aplicar medidas de apremio que no van a ser muy efectivas y que, en definitiva, pueden perjudicar mucho más a los niños y a los adolescentes”, subrayó.
Qué dicen los juzgados
Actualmente, son cerca de 70 mil niños y niñas en Chile que no reciben pensión de alimentos, por lo que la posibilidad del retiro del 10% y su retención a los deudores, hizo que el trabajo de los tribunales de familia aumentara de forma explosiva.
Pedro Maldonado, juez del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, tiene su propia visión de este fenómeno: “Aconsejo que, tratándose de alimentos para niños, niñas y adolescentes, es posible discutir nuevamente la forma de pago de esta deuda, considerando que hay un ingreso no previsto y extraordinario para el deudor”.
Al mismo tiempo, el juez destacó que se debe considerar que la alimentación de los hijos es un derecho humano. Y en cuanto a la retención obligatoria del 10% para los deudores que decidan no retirar sus fondos, el magistrado explicó que sin una ley eso no sería posible.
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“Se requeriría una nueva ley, de la misma naturaleza y jerarquía que la que está vigente hoy, la que permita al tribunal, expresamente, la posibilidad de ordenar el retiro y retención de sus fondos, sin que la voluntad del deudor haya intervenido”, mencionó Maldonado.
La acotación de este juez dice relación con el carácter legal que debería tener una ordenanza de este tipo, ya que, de lo contrario, habría un vicio de inconstitucionalidad si se pretende ir de oficio sobre el retiro de esos fondos.
Volviendo al caso de Andrea, el que representa a tantas madres en este país, ella considera que el proceso debería ser mucho más simple de lo que se ha planteado hasta el día de hoy.
“Me encantaría que este 10% fuera automático: si el sistema muestra que la persona debe $6 millones, que se revise y si tiene esa disponibilidad en sus fondos, que se traspasen directo a los niños, porque ese es su derecho”, concluyó.
