María del Pilar López Barrera exige una indemnización de 250 millones de pesos, por los malos tratos recibidos al interior de cuatro cárceles del país. Apunta como responsables a los funcionarios de Gendarmería.
Tras quedar en libertad en diciembre de 2018, luego de cumplir una pena de 15 años por el delito de violación, María del Pilar López Barrera demandó al Estado de Chile por las torturas y ataques transfóbicos que vivió al interior de cuatro recintos penitenciarios del país.
En detalle, acusa que en las cárceles de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena y Bío Bío, fue víctima de apremios premios ilegítimos, torturas, transfobias y humillaciones por parte de personal de Gendarmería. Por esto, exige que sea indemnizada por 250 millones de pesos.
Juan Badani, abogado defensor de la mujer transgénero, detalló al diario La Estrella de Iquique que López Barrera “fue golpeada, desnudada, revisada por personal masculino e incluso impedida de acceder a medicamentos”.
En la acción legal, que fue ingresada ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, se indica que tras quedar en libertad, “María del Pilar fue diagnosticada con trastorno del estrés postraumático crónico como consecuencia de los hechos, malos tratos, golpes, apremios ilegítimos, discriminación y burlas sufridas por un agente del Estado, como lo es Gendarmería de Chile”.
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Se destaca que uno de los episodios más violentos que vivió ocurrió en la cárcel de Alto Hospicio en noviembre de 2018, donde en medio de un procedimiento de seguridad, fue obligada a desnudarse frente a los otros reos y fue revisada por el personal masculino de Gendarmería. “En Hospicio fue donde recibí las agresiones más brutales que puede recibir un ser humano”, enfatizó la demandante en el citado medio.
La demanda de López Barrera es patrocinada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), quienes señalaron al respecto que esperan “justicia en este caso, el cual no solo servirá para paliar el daño causado a María del Pilar, sino también para que de una vez Gendarmería cese con los abusos en razón de la orientación sexual o la identidad de género de los internos y, a veces, también de los funcionarios LGBTI”.
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