El texto señala en su justificación que "el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los Derechos Humanos". Bajo esa premisa se plantea una ley que aprueben ambas cámaras en el Congreso para determinar las conductas y su penalidad.
Este lunes 13 convencionales de Chile Vamos presentaron una iniciativa de norma constitucional ante la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, alusiva a la condena del terrorismo.
La iniciativa, que espera ser analizada por la comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, fue firmada por los constituyentes Cretton, Letelier, Arrau, Toloza, Jurgensen, Ruth Hurtado, Ubilla, Castro, Bown, Cantuarias, Montealegre, Álvarez, Arancibia, Mena, Marinovic y Zúñiga.
El texto señala en su justificación que “el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los Derechos Humanos”. Bajo esa premisa se plantea una ley que aprueben ambas cámaras en el Congreso para determinar las conductas y su penalidad.
“Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular”, señala la iniciativa de los convencionales de la derecha.
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Según el texto, la idea es que también se inhabilite a condenados por actos que sean catalogados de terrorismo, de cargos como rector de establecimientos educacionales o funciones general ligadas a la enseñanza, así como dirigir o trabajar en medios de comunicación.
Asimismo, se estipula que la persona no podría “ser dirigente de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo”.
El texto propone que ese tipo de delitos sean “considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular ni amnistía“, agregando que el “Estado tiene el deber de reparar a las víctimas del terrorismo a través de sus distintas instituciones”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
