El contralor metropolitano instruyó a la administración municipal a “iniciar un procedimiento de invalidación y, ponderar la necesidad de instruir un proceso disciplinario”, luego de detectar que tanto en los decretos alcaldicios como los que aprobaron los contratos con la ONG “no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador”.
La organización no gubernamental (ONG) Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) respondió tras darse a conocer que la Contraloría General de la República (CGR) invalidó los contratos con el municipio de Ñuñoa por las asesorías jurídicas para los proyectos Mall Vivo Santiago Etapa II y Egaña Sustentable de la inmobiliaria Fundamenta.
¿Qué pasó?
Este martes, se reveló que el ente regulador indicó que el convenio firmado entre la administración de la alcaldesa Emilia Ríos y la organización que se especializa en conflictos socioambientales, no posee los detalles de los motivos de contratación.
“De los antecedentes tenidos a la vista, aparece que tanto en los decretos alcaldicios que autorizaron las respectivas contrataciones directas como aquellos que aprobaron los contratos con FIMA, no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador, conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la entidad”, indica el dictamen del contralor de la Región Metropolitana, Carlos Frías.
Por esto, la Contraloría le ordenó al municipio “iniciar un procedimiento de invalidación y, ponderar la necesidad de instruir un proceso disciplinario con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de la situación objeto del presente pronunciamiento”.
Además, dio un plazo de 20 días hábiles para responder.
Respuesta de FIMA
A través de un comunicado, la ONG relató que en noviembre de 2021 y diciembre de 2022 fueron contactados por la administración municipal de Ñuñoa “para realizar una oferta técnica ante la necesidad de defensa judicial para los casos Mall Vivo y Egaña Sustentable, respectivamente”.
“Analizados los antecedentes de cada caso y siendo concordante con las finalidades de nuestra organización, accedimos a tomar la defensa judicial de la Municipalidad”, agregaron desde la entidad.
En ambos casos, y una vez que recibieron la “invitación de contratación” por parte de la administración del gobierno local por medio de mercado público, “enviamos una propuesta técnica y los documentos que acreditan el perfil profesional del equipo, la experiencia de ONG FIMA en asesorías jurídicas y defensa judicial de alta complejidad que avalan a nuestra institución y su vasta experiencia”, continuaron.
La organización detalló que los trabajos por los cuales fueron contratados son: “Investigación, preparación de la estrategia jurídica y confección de documentos para llevar adelante la defensa de los intereses públicos de la Municipalidad en la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos en casos de alta complejidad”.
“El monto total de ambos contratos fue de $5.263.278 y $6.319.800 respectivamente, considerando todas las instancias administrativas y judiciales, con una duración aproximada de tres años”, afirmaron.
De este modo, FIMA sostuvo que ante la resolución de Contraloría en la que se “señala que habría existido un problema administrativo en la contratación, esperamos las vías de solución que pueda llevar a cabo la Municipalidad mientras seguimos trabajando sin interrupciones en la defensa del medio ambiente de la comuna”.
Antonia Berríos, coordinadora general en ONG FIMA, dijo a CNN Chile: “Nos parece muy bien que Contraloría cumpla su rol de supervisión de organismos públicos. Por nuestra parte hemos enviado todos los documentos que acreditan nuestra idoneidad técnica en asesoría jurídica de alta complejidad al municipio desde que se tramitaron los contratos”.
Costa descarta militancia política y explica rol con Democracia Viva
La organización además descartó que su director ejecutivo, Ezio Costa, sea militante de algún partido político, lo que fue respaldado con un certificado del Servicio Electoral (Servel).
También explicó la relación que el abogado tuvo con la cuestionada Democracia Viva, fundación involucrada en el denominado Caso Convenios.
“El año pasado accedió (Costa) a una invitación para integrar el consejo asesor de la Fundación Democracia Viva, instancia gratuita y externa que reunía a diversas personalidades. De dicho espacio participó en dos reuniones telemáticas para analizar la contingencia nacional. Luego de conocidas las irregularidades en el vínculo entre dicha fundación y el Ministerio de Vivienda en la región de Antofagasta, con fecha 23 de junio, presentó su renuncia”, sentenció.
