Desde ONU Derechos Humanos realizaron un análisis del proyecto de ley a la luz de los estándares internacionales. El jefe para América del Sur sostuvo que "en vez de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas".
Este viernes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos pidió a las autoridades chilenas modificar el proyecto de ley Nain-Retamal para armonizarlo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, sostuvo que el proyecto plantea disposiciones sobre la legítima defensa privilegiada de las policías que “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”.
Desde la institución “empatizaron con la sociedad chilena y los cuerpos policiales por las pérdidas humanas que han sufrido en sus tareas contra el crimen” y recalcaron la importancia de la labor policial basada en DD.HH. A su vez, afirmaron que algunas propuestas del proyecto no dan una respuesta adecuada a los desafíos que enfrentan las policías en el país.
“La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad”, dijo Jarab.
En esta línea, señalaron que no es preciso mencionar que la “legítima defensa privilegiada” habilitará la utilización de armas letales, pues las policías ya posee dicha facultad. “En vez de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”, explicó el jefe de la ONU.
El representante afirmó que a la Oficina lo que más le preocupa es la introducción de un criterio subjetivo del funcionario para la legítima defensa privilegiada que aplicaría en casos que involucren a dos o más personas. “Esto es especialmente problemático en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso”.
“Para ONU Derechos Humanos, lo propuesto también afectaría desproporcionadamente a individuos o grupos con menor acceso a recursos y asistencia legal, al entregar la carga de la prueba a las víctimas y familiares de casos donde se investigue un uso indebido de la fuerza”, agregaron desde la entidad.
“Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara de Diputadas y Diputados, sin participación de especialistas independientes o de la sociedad civil. Alentamos al Senado a dedicar la atención necesaria a esta discusión y a escuchar a distintos actores, con miras a que el resultado sea compatible con las obligaciones internacionales de Chile en derechos humanos”, destacó Jarab.
Desde ONU Derechos Humanos realizaron un análisis del proyecto de ley a la luz de los estándares internacionales. El documento fue enviado al Senado y a otras entidades con mandato en derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
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