La Cámara Baja aprobó este miércoles una solicitud para remover a la directora del organismo y a un consejero, a quienes acusa de actuar "fuera del margen de la ley" tras cometer negligencia en sus funciones en torno al caso de presunto tráfico de influencias en la Corte Suprema.
Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la petición para remover a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y al consejero Francisco Ugás.
La decisión tuvo 66 votos a favor, 51 en contra y ocho abstenciones en la sesión en Sala.
La solicitud fue levantada por parlamentarios de oposición en donde piden que ambos funcionarios sean apartados por actuar “fuera del margen de la ley”, tras cometer negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones relacionada con el caso de presunto tráfico de influencias en la Corte Suprema.
En concreto, los diputados acusan a Contreras y Ugás de “promover una querella por el delito de tráfico de influencias”, refiriéndose a la controvertida acción judicial presentada por el INDH tras la divulgación de un informe policial que reportaba presuntas irregularidades en la designación de María Teresa Letelier como ministra del máximo tribunal en 2021 en la llamada Operación Topógrafo.
Una de las opiniones más críticas vino del diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien dijo que el resultado de la votación es una “señal es clara y contundente, esperamos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos entienda que tiene que velar por los DD.HH. de todos los chilenos y dejar de ser utilizado como el brazo armado del Frente Amplio y del Partido Comunista”.
Mientras que el parlamentario IND-Demócrata, Miguel Ángel Calisto, acusó que hay sectores políticos han “instrumentalizado” el INDH, y que el organismo está “capturado políticamente por los sectores de ultra izquierda”.
En ese sentido, dijo que en la izquierda hay un “problema”, porque en el país dicen defender los DD.HH., pero de manera paralela “defienden violaciones a derechos humanos en Cuba y Venezuela”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
