La propuesta de los parlamentarios de oposición busca aislar a reos de alta peligrosidad para evitar incidentes violentos y reducir la influencia de organizaciones criminales en las cárceles.
Un grupo transversal de diputados instó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, a otorgar suma urgencia al proyecto de ley que busca modificar diversas normativas para establecer reglas de segmentación y administración penitenciaria, enfocadas en el compromiso delictual de los reos.
Los parlamentarios justificaron la solicitud haciendo referencia a recientes episodios de violencia en el sistema carcelario chileno.
Entre ellos, destacaron el asesinato de un interno, decapitado presuntamente por su compañero de celda en Concepción, y el intento de motín ocurrido el pasado 6 de junio en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), que terminó con 34 reos formalizados bajo la Ley de seguridad del Estado.
En la carta, los diputados de la UDI, RN, Evópoli, Demócratas y Amarillos recalcaron que el proyecto de ley busca implementar un régimen de segmentación que permita separar a los internos considerados de “alta peligrosidad” del resto de la población penal.
Esto incluiría restricciones como limitar su tiempo al aire libre a dos horas diarias, permitir un máximo de una visita mensual sin contacto físico y establecer espacios controlados para sus actividades diarias.
“Nuestro objetivo es que los reos de mayor peligrosidad, especialmente aquellos vinculados a organizaciones criminales o terroristas, sean aislados del resto de los internos para prevenir su influencia en otros reclusos y reducir los riesgos de incidentes violentos“, argumentaron los parlamentarios.
Asimismo, señalaron que, ante el explosivo aumento de la población penal, avanzar en este tipo de reformas es clave para garantizar un control efectivo de las cárceles y evitar que estas se conviertan en “escuelas del delito”.
Los parlamentarios solicitaron al Gobierno priorizar este proyecto como parte de los esfuerzos por fortalecer la seguridad pública y penitenciaria del país.
La medida busca impulsar que dichas empresas firmen nuevos acuerdos con los medios de comunicación para publicar sus contenidos noticiosos en sus plataformas digitales.
