La diputada argumentó que "en más de 100 años, ningún político se ha enfrentado a bomberos porque es una institución tremendamente popular y valorada por la ciudadanía, pero yo no hago política con calculadora de votos, hago política por lo justo, por la verdad y por los que necesitan voz".
La diputada Maite Orsini (RD) emitió una declaración pública refiriéndose a los dichos de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, quienes publicaron un comunicado luego de que la parlamentaria hablara sobre las denuncias por abuso sexual y violación que se han conocido en el último tiempo contra la institución.
“En Chile, ninguna institución es intocable. En más de 100 años ningún político se ha enfrentado a bomberos porque es una institución tremendamente popular y valorada por la ciudadanía, pero yo no hago política con calculadora de votos, hago política por lo justo, por la verdad y por los que necesitan voz, y quienes hemos estado en las filas sabemos que hay mucho por enmendar para hacerle justicia al honor y prestigio que tiene bomberos“, escribió.
Orsini señaló que valora y respeta “la labor que realizan, desinteresadamente, miles de bomberos y bomberas en Chile, y es por ellos que me importa que la institución mejore en transparencia e inclusividad y que así bomberos no sea sólo la institución mejor valorada en las encuestas sino que también en los hechos“.
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Entre otras cosas, señaló que en el comunicado de la Junta Nacional se “esgrime como ‘políticas de género’ de bomberos, la existencia de un protocolo de acoso sexual que data del 2019 y la creación de una comisión de género, lo que es totalmente insuficiente. No hay evidencia alguna de la existencia de políticas de inclusión y promoción de la equidad (…) o el mejoramiento del estándar de conocimientos de debido proceso de las personas que integran los organismos disciplinarios para el adecuado tratamiento de víctimas vulnerables”.
“Asimismo, se menciona la existencia de 763 mujeres que sirven cargos en la oficialidad, sobre un universo posible de 11 mil, lo que equivale sólo al 6,9% de las mujeres, y el 1,4% del total de bomberos y bomberas del país, esgrimiendo esto como una supuesta demostración de equidad. 10 mujeres comandantes equivalen al 3, 1% del total de comandantes del país. Desde su creación en 1970, sólo una mujer ha formado parte del Directorio Nacional y esta realidad es planteada como algo de lo cual enorgullecerse“, agregó.
La parlamentaria señaló que “lo más reprochable” de la declaración es que “ni siquiera se menciona a las víctimas de acoso, abuso, violación, violencia de género, maltrato y discriminación que militan en sus filas, y que son muchos más que las mujeres superintendentes. Esta omisión da cuenta de que lo expresado por el Directorio Nacional no ha tenido por objeto en momento alguno enfrentar una realidad que no puede pretenderse inexistente, pues el acoso es un problema transversal a la sociedad chilena, y no existe encuesta de aprobación ciudadana que puedo ocultarlo“.
Por otra parte, la diputada sostuvo que, respecto de los aportes del Estado a Bomberos de Chile, “se señala en la misiva que su uso y aplicación está determinado en la Ley de Presupuestos de la nación. Esta afirmación tiene por objeto desmentir mis dichos en cuanto a que el Estado no tiene injerencia en la utilización de los dineros que la institución recibe de él“.
Al respecto, indicó que en las instrucciones para la ejecución de la Ley de Presupuestos “no existe un párrafo específicamente destinado a bomberos y, como la misma junta afirma en sus dichos, al ser los cuerpos y la Junta corporaciones de derecho privado y no servicios públicos, no están sujetos al decreto de Ley 1.263 de 1975 que establece las normas para rendición de cuentas. La única norma que se refiere a ellos es la ley 20.564 que solo exige ‘rendir’ el dinero“.
“Por lo demás, al no ser funcionarios públicos las autoridades de la junta ni de los cuerpos, no les es aplicable ninguna obligación de probidad ni transparencia de las que afectan a los empleados del Estado que administran dinero. Tampoco, ante un manejo inadecuado de dichos fondos, puede atribuírseles un delito de malversación de caudales públicos, cohecho o tráfico de influencias”, añadió.
En esta línea, argumentó que “se afirma también que bomberos es fiscalizado por el Ministerio de Justicia. Esto solo puede referirse al artículo 557 del Código Civil, que otorga a dicha cartera la fiscalización de asociaciones y fundaciones, permitiéndole revisar su documentación y actos internos. Esta facultad es ejercida a solicitud de una parte interesada, es decir, no toca a los cuerpos de bomberos ni la junta presentar de manera periódica su documentación, sino más bien defenderse cuando les acusan de algo“.
Finalmente, sostuvo que se argumenta que la institución “también está sometida a la fiscalización del servicio de impuestos internos y la inspección del trabajo. Sin embargo, no se trata de facultades especiales que dichos servicios tengan respecto de bomberos, sino meramente del ejercicio de sus facultades legales, que pueden ejercer respeto de cualquier persona jurídica o natural en materias de su competencia. No es una garantía adicional de control, solo es el sometimiento al imperio de la ley.
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