Barrera también destacó la gravedad de la situación al señalar que revocar las pensiones de gracia “perpetúa la impunidad”, especialmente para aquellas personas que sufrieron mutilaciones, torturas y pérdidas de vidas durante el estallido social.
“Esta es una aberración sin precedentes que perpetúa la impunidad, porque estamos hablando de personas a las que se le violaron los derechos humanos, que fueron mutiladas, torturadas, personas muertas, con perdigones en sus cuerpos, que aún no tienen justicia. Si no hay reparación, estamos ante una perpetuidad de esta impunidad que es intolerable y agrava más la situación”, sostuvo.
En esa línea, el diputado añadió que “no tiene relación alguna que una persona, que haya cometido un delito en alguna oportunidad, que tenga antecedentes penales y que ya cumplió esa pena, el Estado no pueda reparar el daño que se le hizo en el gobierno de Piñera”.
Finalmente, criticó el papel de la derecha en este proceso, acusándola de instalar un falso relato para exculparse de su responsabilidad en el gobierno anterior, calificando al sector y a los partidos de Chile Vamos como “cómplices directos de los crímenes ocurridos durante el estallido social”.
“No hay que ser ingenuos para pensar que la derecha está instalando este falso relato, diciendo que las personas que reciben pensiones de gracia son delincuentes, ellos quieren exculparse de la responsabilidad por haber sido parte del gobierno de Sebastián Piñera, quien fue el que violó estos derechos humanos. Ellos lo apoyaron cuando le declaró la guerra al pueblo, la derecha y todos los partidos de Chile Vamos son cómplices directos”, puntualizó.
La diputada de Convergencia Social (CS), Lorena Fries, también se refiró al tema en conversación con Hoy Es Noticia, asegurando que “cuando se violan los derechos humanos, se les violan a las personas y la reparación no depende de que sea una buena persona o mala persona. El eje no está puesto en la víctima, está puesto en el victimario que son agentes del Estado“.
Sobre si este beneficio debiese ser revocado para personas con antecedentes penales, la legisladora sostuvo que no porque “han sido víctimas igual”.
“Los antecedentes penales no tienen que ver con la reparación por violación a los DD.HH. y en ese sentido, no debieran revocarse“, dijo.
