El abogado que defiende la acción presentada por Alejandro Navarro solicitó que declaren 20 autoridades de diversas instituciones, con el fin de establecer si las decisiones políticas adoptadas por el mandatario derivaron en las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones sociales.
Luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declarara como admisible la querella criminal contra el presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad, presentada por el senador Alejandro Navarro, la investigación ha avanzado en estas semanas.
En esta causa, el pasado viernes, el abogado designado por Navarro, Mauricio Daza, presentó un documento de 54 páginas en el que solicita que presenten declaración 20 autoridades y que diversas instituciones entreguen información, con el fin de determinar si las decisiones políticas que fueron adoptadas por el mandatario derivaron en vulneraciones a los derechos humanos, en el marco de las manifestaciones sociales.
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Este texto, revelado por BioBioChile, indica que se pide que declare en calidad de testigo a la ex presidenta Michelle Bachelet, así como también al contralor Jorge Bermúdez, los presidentes de ambas cámaras, el defensor nacional Andrés Mahnke y el director nacional del INDH, Sergio Micco, entre otras autoridades.
En el caso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., se le solicitan detalles sobre el informe realizado por el equipo de la Oficina de DD.HH. de la ONU, el cual dio cuenta de “violaciones graves a los derechos humanos” en el contexto de las protestas.
Asimismo, deberá informar “si sostuvo alguna reunión o comunicación con autoridades de gobierno, donde se haya tratado la existencia de atentados cometidos por agentes del Estado (…) y en su caso, el tenor de tales reuniones o comunicaciones“.
Estas diligencias tienen como objetivo “acreditar o descartar la existencia de ataques generalizados o sistemáticos en los términos del art. 2° de la Ley 20.357, por parte de agentes del Estado en contra de la población civil”.
En cuanto al contralor Jorge Bermúdez, el abogado pide que revele aspectos similares a los señalados anteriormente, además de informar sobre las investigaciones que persigue el ente fiscalizador en relación a la actuación de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, en el contexto de las manifestaciones tras el 18 de octubre.
Dicha petición al contralor tiene como objeto “verificar o descartar el conocimiento de los miembros de la autoridad civil, en especial del presidente, ministro del Interior, así como del Director General de Carabineros y del Comandante en jefe del Ejército, sobre ataques de agentes del Estado a la población civil“, de acuerdo a lo señalado en el escrito.
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Daza también solicita información a las unidades médicas donde fueron atendidos los manifestantes que resultaron con lesiones oculares producto del impacto de balines, para así sumar antecedentes sobre el conocimiento que tuvo la autoridad respecto a las faltas al protocolo del uso de la fuerza.
Asimismo, se pide que se remita al Ministerio Público el estudio desarrollado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, el cual identificó que solo el 20% de los perdigones usados por Carabineros contenían goma y el 80% restante estaba compuesto por plomo, silicio y bario.
De aceptar estas diligencias, deberán prestar declaración el presidente Piñera y autoridades de las carteras de Interior, Justicia y Salud, la Defensoría de la Niñez, el Colegio Médico, el INDH, la Cruz Roja y la Intendencia Metropolitana, entre otras entidades.
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Según explicó el abogado designado para representar la querella contra Piñera, estas diligencias tienen como finalidad que la Fiscalía Centro Norte realice una “investigación penal efectiva”.
A la vez, señaló que si la investigación no llega a buen puerto, a pesar de las evidencias, existe la posibilidad de elevar los antecedentes a la Corte Penal Internacional. Esto es posible, debido a que Chile suscribió el Estatuto de Roma en el 2009, el cual reconoce la competencia de la CPI en materia de crímenes de lesa humanidad.
“Lo que buscamos es que se indague la existencia de ataques generalizados o sistemáticos de carácter grave cometidos por agentes del Estado y si se trató de una política de facto”, señaló Daza al respecto.
Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar, dado que aún hay muchas personas desaparecidas y las condiciones complicadas para la búsqueda.
