Según la investigación publicada por CIPER Chile y LaBot, ambas familias habrían sellado la compraventa de la minera en el paraíso fiscal. Además, el pago de dicha transacción dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina, decisión que dependía directamente del gobierno de Sebastián Piñera.
Este domingo se dio a conocer una nueva arista de los “Pandora Papers”, la investigación que lleva a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En esta ocasión, la revelación salpicó al presidente Sebastián Piñera y uno de los emblemáticos proyectos mineros: la minera Dominga.
El reportaje publicado por CIPER Chile y LaBot reveló que las familias Piñera y Délano cerraron un acuerdo de compraventa de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, conocidas por ser un paraíso fiscal.
Además, la operación constaba de un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, decisión que dependía directamente del gobierno del presidente Piñera.
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Piñera y su familia fueron los mayores accionistas de Dominga, alcanzado un 33% de participación en el origen del proyecto. Sumado con el porcentaje de Carlos Délano, ambos tenían el 56% de Minería Activa Uno Spa, empresa creada en 2008 por la corredora de bolsa Larraín Vial para invertir en proyectos mineros desde la etapa de prospección.
Según consignó El País, el reparto de acciones se mantuvo hasta diciembre de 2010, cuando Délano compró por 152 millones de dólares la participación de todos los socios, incluida la del mandatario.
La operación se selló con un contrato firmado en Chile por USD$14 millones y otro en las Islas Vírgenes Británicas que alcanzó los 138 millones de dólares.
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Este monto debía pagarse en tres cuotas. La primera -con fecha de pago 10 de diciembre de 2010- fue de 106,8 millones de dólares, mientras que el segundo pago -efectuado el 18 de enero de 2011- llegó a los 21 millones de dólares.
El saldo restante quedó con un pago pendiente hasta el 31 de diciembre de 2011. Sin embargo, este último monto se pagaría solo sí el Estado no declaraba reserva natural la zona donde se pensaba desarrollar Dominga.
Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar, dado que aún hay muchas personas desaparecidas y las condiciones complicadas para la búsqueda.
