El beneficio aumenta de $65 mil a $100 mil por persona, en caso de no contar con ningún ingreso formal. De esta forma, el salario de una familia de cuatro personas aumentará de $260 mil a $400 mil. Además, el mandatario dio a conocer detalles de la ley que protege ingresos de trabajadores independientes.
Este domingo el presidente Sebastián Piñera, acompañado por los ministros de Desarrollo Social, Cristian Monckeberg; de Hacienda, Ignacio Briones; de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado; y del Trabajo, María José Zaldívar, promulgó las leyes que amplían el Ingreso Familiar de Emergencia y crean un beneficio para proteger los ingresos de los trabajadores independientes.
“Chile es una familia y ninguna familia deja solo a ninguno de sus integrantes. Nuestro compromiso es ayudar a todos los que lo necesitan en este emergencia”, dijo el mandatario en La Moneda.
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Luego, valoró el acuerdo alcanzado para la promulgación de esta ley: “Vamos a promulgar dos nuevas leyes que son parte de un acuerdo que logramos con algunos partidos de la oposición y con todos los partidos de Chile Vamos. En el que participaron de forma muy activa muchas personas, especialmente los parlamentarios de la comisión de Hacienda, economistas y expertos”.
“Yo quiero apreciar, valorar y agradecer la actitud y la buena voluntad con que logramos este acuerdo. La voluntad es como el amor. Cuesta definir cuando uno está enamorado, pero uno se da cuenta de inmediato cuando lo está. Lo mismo pasa con la buena voluntad y en este acuerdo hubo buena voluntad”, añadió.
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Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia, señaló: “Se denomina 2.0, porque viene a fortalecer y complementar el Ingreso Familiar de Emergencia que ya estaba en acción. Aumenta los beneficios y aumenta la cobertura de lo que teníamos antes de este acuerdo”.
En tanto, acerca de la ley que beneficia a los trabajadores independientes, indicó: “Protege los ingresos de un 1 millón 200 mil chilenos que son independientes y emiten boletas de honorarios, esta medida permite proteger esos ingresos cuando se han visto afectados por la emergencia”.
¿En qué consiste el IFE 2.0?
• La iniciativa cambia su diseño para actuar como un complemento a los ingresos actuales del grupo familiar, buscando proveer ingresos de emergencia a las familias e incentivar a que sus integrantes puedan respetar las cuarentenas y quedarse en casa.
• Extiende el Ingreso Familiar de Emergencia para cubrir a la clase media, aumentando su cobertura del 60% de los hogares vulnerables de acuerdo al Indicador Socioeconómico de Emergencia, al 80%. El beneficio será, además, tanto para hogares sin ingresos formales como para aquellos que tienen ingresos formales por debajo del umbral establecido.
• También incluye a familias con otros beneficios como la ley de protección del empleo, el seguro de cesantía, el apoyo a trabajadores independientes y a las personas que cobran pensiones contributivas y no contributivas.
• La ley aumenta el Ingreso Familiar de Emergencia de $65.000 a hasta $100.000 por persona, en caso de no contar con ningún ingreso formal. De esta manera, el ingreso de una familia de cuatro personas aumentará de $260.000 a $400.000.
• En caso que la familia tenga algún ingreso formal, el beneficio será por el monto que le falte para alcanzar el umbral de $100.000, con un piso de $25.000 por persona del hogar. Por ejemplo, si una familia de 4 personas tiene un ingreso formal de $100.000, recibiría un ingreso familiar de emergencia por $300.000 para llegar al umbral de $400.000 por hogar de 4 integrantes.
• El monto del beneficio a cada familia nunca será revisado a la baja: una vez que una familia reciba el beneficio, su monto se mantendrá estable por todo el tiempo que dure el aporte, y sólo será revisado al alza en caso su situación socioeconómica empeore.
• A los actuales tres meses de pago, se agrega un cuarto, que será de 80% del ingreso y podrá subir al 100% en caso que las condiciones sanitarias así lo ameriten.
Protección a los trabajadores independientes
• Se trata de un beneficio para los trabajadores independientes que han visto afectados sus ingresos producto de la pandemia, para apoyarlos y entregarles la liquidez que necesitan para hacer frente a la contingencia.
• La iniciativa es progresiva, pues garantiza mayor cobertura a los trabajadores de menores ingresos que emiten boletas de honorarios, y establece un tope de beneficio para aquellos de mayores ingresos.
• El beneficio es mensual en dinero por hasta tres meses –continuos o discontinuos– que se podrá cobrar dentro de los seis meses siguientes al 1 de mayo de 2020.
• La ley contempla un subsidio que cubrirá un 70% de la caída de ingresos por boleta de honorarios para aquellos trabajadores con rentas promedio iguales o inferiores a $320.500; de 50% para aquellos trabajadores con rentas promedio mayores a $320.500 y menores o igual a $400.000; y de 40% para aquellos trabajadores con rentas promedio mayores a $400.000 y menores o iguales a $500.000. En todos estos casos, el tope de subsidio será $100.000 mensuales.
• Complementando el subsidio anterior, el trabajador podrá solicitar un crédito con tasa real cero, con un año de gracia, y tres años para pagar, por el remanente hasta completar el 70% de la caída de ingresos por boleta. Con todo, el monto máximo del beneficio será de $650.000.
• Para acceder al beneficio hay que haber emitido boletas de honorarios en por los menos tres meses –continuos o discontinuos– de los 12 meses anteriores al 1 de abril de 2020; o haber emitido boletas en a lo menos seis meses dentro de los 24 meses anteriores a dicha fecha.
• También es requisito que en el mes respecto del cual se solicita el beneficio, los ingresos por boletas de honorarios hayan disminuido en al menos un 30% respecto al promedio mensual de dichas rentas obtenidas en los 12 meses anteriores al 1 de abril de 2020.
• El trabajador debe solicitar su beneficio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que será el encargado de verificar que cumpla con los requisitos de acceso. De cumplir con los parámetros solicitados, el pago lo realizará el Servicio de Tesorerías dentro del plazo de 10 días hábiles desde la solicitud.
• Las dos iniciativas forman parte de la red de protección social dispuesta por el Gobierno para proteger a 10 millones de personas vulnerables y de clase media afectadas económicamente por la crisis sanitaria del COVID-19.
