Se trata del servicio de hotelería, ya que el año pasado en medio de la pandemia por COVID-19, era obligatorio para cualquier viajero que llegara del exterior entrar en cuarentena. En dicho contexto, la Contraloría General de la República detecto que hubo preferencia por Turismo Cocha S.A y Travel Security S.A., por lo que se remitirán los antecedentes a la Fiscalía.
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el actuar de la Subsecretaría de Salud Pública del Gobierno anterior, que estuvo a cargo de Paula Daza, y la ejecución del “Plan Fronteras Protegidas“, cuya investigación reveló que en el servicio de hotelería para cuarentena por COVID-19, se privilegió arbitrariamente a dos agencias de viajes.
Según consignó al respecto, Biobío Chile, esto se dio tras las solicitudes que hicieron el año pasado el senador Matías Walker, así como el ex diputado y actual subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, sobre el actuar de la Subsecretaría de Salud Pública.
Así, Contraloría resolvió que “en este contexto, aparece que la referida autoridad ministerial, en los hechos, adoptó una determinación que puso en una situación de ventaja a dos agencias de viajes [Turismo Cocha S.A y Travel Security S.A.], en desmedro de los demás posibles interesados, sin acreditarse que se hayan cumplido las mencionadas exigencias que deben cumplir los órganos de la Administración del Estado y que buscan cautelar la observancia de los principios de juridicidad, probidad, transparencia, escrituración, interdicción de la arbitrariedad y de libre concurrencia, e igualdad de los oferentes“.
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Tras las argumentaciones de la Subsecretaría respecto a sus decisiones, el órgano contralor decretó que, “en tales condiciones, se debe concluir que no se ajustó a derecho lo obrado por la Subsecretaría de Salud Pública para efectos de concretar el servicio de intermediación hotelera respecto del cual se ha reclamado”, advirtiendo que una “eventual existencia de vínculos de parentesco de funcionarios o exfuncionarios de la Administración del Estado con personas que tendrían participación en calidad de representantes legales o accionistas tanto de las individualizadas empresas como de otras asociadas a ellas, lo que podrían configurar situaciones de conflicto de intereses (…)”.
Así, Contraloría estimó pertinente remitir los antecedentes a la Fiscalía, con el fin de que se instruya un procedimiento disciplinario tendiente a establecer las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones antes referidas.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
