En una entrevista, el ministro (s) Gajardo aclaró que el régimen de máxima seguridad no contempla la posibilidad de videollamadas con el exterior. "Las visitas que ellos reciben se hacen solo a través de locutorios y están debidamente monitorizadas".
El ministro de Justicia (s), Jaime Gajardo, cuestionó la decisión del juez Daniel Urrutia de permitir que reos de la Cárcel de Alta Seguridad realizaran videollamadas: “está al margen del derecho“.
En conversación con Cooperativa, el ministro subrogante afirmó que la acción de Urrutia “está al margen del derecho. Durante 2023 se aprobaron dos modificaciones al Código Penal muy importantes que establecen que el ingreso y la tenencia de teléfonos celulares no autorizados por Gendarmería al interior de los recintos penitenciarios es un delito“.
Según el secretario de Estado, el régimen de máxima seguridad no contempla la posibilidad de que los internos tengan videollamadas con el exterior, aclarando que “las vistas que ellos reciben se hacen solo a través de locutorios y están debidamente monitorizadas, para evitar que las bandas criminales se sigan organizando desde la cárcel”.
“Entonces, la decisión del juez Urrutia nos rompe uno de los pilares fundamentales que tiene una cárcel de máxima seguridad y, por lo mismo, como Gobierno la hemos encontrado gravísima y hemos apoyado la decisión de Gendarmería de recurrir a la resolución y de tomar todas las medidas para que quede sin efecto”, recalcó Gajardo.
El ministro insistió en que para el Gobierno esta decisión es “gravísima” y genera un problema relevante en el régimen de máxima seguridad, el cual es un régimen que “tenemos que cuidar mucho, precisamente porque en esa cárcel se encuentran recluidas las personas más peligrosas que tenemos en nuestro sistema penitenciario“.
Polémica entre Gendarmería y el Poder Judicial causó la revelación de que el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, concedió beneficios a cuatro reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad, entre ellos dos ligados al Tren de Aragua, con personas no autorizadas por la administración penitenciaria.
Esta medida, aplicada en una cárcel donde se encuentran criminales peligrosos vinculados al crimen organizado, fue cuestionada por Gendarmería, argumentando que “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada“.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
