El vocero del máximo tribunal informó que los distintos cargos presentados por el Frente Amplio no son suficientes para determinar la negligencia grave que se le atribuye.
El 10 de julio pasado diputados del Frente Amplio presentaron una solicitud para destituir al fiscal nacional Jorge Abbott, acción que sumó apoyos desde algunos parlamentarios del PC, el PPD y el PRO.
Finalmente este miércoles el Pleno de la Corte Suprema desestimó de forma unánime todos los cargos formulados en su contra.
Entre las acusaciones, integrantes del FA y de la ex Nueva Mayoría acusaron a Abbott de negligencia por haber permitido que se realizaran salidas alternativas para empresarios involucrados en casos de financiamiento irregular de la política.
Lamberto Cisternas, vocero de la Corte Suprema
También lo denunciaron por prácticas antisindicales y reuniones con parlamentarios que supuestamente no están autorizadas por la ley.
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El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, fue quien informó la decisión. Tras la determinación del Pleno, el abogado de Abbott, Luis Bates, comentó que “pareciera que el fundamento más importante es la falta de envergadura que tienen las causales por las que se le acusó“.
Abogado defensor de Abbott, Luis Bates
“Eso es muy importante como referente a futuro para que las acusaciones que se hagan de esta naturaleza se hagan con más fundamento y no exponer al fiscal nacional a estas situaciones, atendidas sus funciones que son investigar delitos que afectan muchísimos intereses de todo tipo”, dijo Bates.
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“Pedí que se sancionaran costas pero en ese punto sólo obtuve tres votos”, confesó el abogado defensor.
Reacción desde el Frente Amplio
El abogado del Frente Amplio, Inti Salamanca, dijo que el conglomerado “usó una herramienta constitucional para buscar las responsabilidades políticas en la negligencia que a nuestro parecer había incurrido el fiscal nacional”.
Abogado del Frente Amplio, Inti Salamanca
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“La Corte Suprema hoy tenía la posibilidad de ordenar la casa, lamentablemente el estándar de comportamiento al cual deben someterse los funcionarios públicos no es de un grado elevado hoy en día en Chile lo que permite que no sólo esté en tela de juicio la probidad administrativa, sino que también la fe pública en las instituciones del Estado de Chile”, declaró.
Confesó que “estamos tristes, no es una buena señal para el país pero no claudicaremos en ocupar las herramientas constitucionales que nos confiere la Constitución para perseguir las responsabilidades políticas de las autoridades públicas que no cumplen con su deber“.
Mira las reacciones tras el fallo de la Corte Suprema en el video adjunto.