Las declaraciones de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y del ministro de Hacienda, Mario Marcel, han desencadenado un debate en torno al papel de los movimientos sociales en el panorama político y legislativo de Chile. Estas posturas han generado diversas reacciones entre los líderes políticos y sociales del país.
Tensiones y debates han surgido en Chile a raíz de las declaraciones de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en relación con las recientes movilizaciones convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y los profesores.
Los comentarios de Jara, quien señaló que ha faltado una presencia más activa durante este período, y de Marcel, quien afirmó que “la voz de los movimientos tiene que estar presente“, han desencadenado opiniones diversas en el ámbito político y social del país.
“Yo creo en una democracia en la cual todos los trabajadores, los empleadores y todas las personas tienen derecho a manifestar su opinión“, sostuvo Jara.
Mientras que el ministro de Hacienda resaltó, en conversación con Tolerancia Cero, la necesidad de que los movimientos sociales participen activamente en la discusión de temas relevantes para la sociedad.
Estas afirmaciones han generado reacciones encontradas entre los líderes políticos. Por un lado, algunos representantes políticos han instado a la ministra Jara a tomar una posición más proactiva en la resolución de problemas urgentes.
El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, hizo un llamado a la ministra para que asuma un papel más comprometido en la solución de estos desafíos.
“Este Gobierno insiste en hacer llamado al movimiento social en temas que a ellos parece que les convienen, pero me gustaría ver cómo resuelven con el movimiento social los problemas de seguridad que hoy día tiene Chile, los problemas de no crecimiento, los problemas de falta de empleo. Yo le haría un llamado de responsabilidad a la ministra”, agregó.
Por otro lado, figuras como el diputado UDI Jorge Labbé han expresado la necesidad de que el Gobierno priorice la legislación en áreas fundamentales como la educación, el trabajo y la salud, en lugar de centrarse en convocatorias y movilizaciones.
Sin embargo, militantes y asesores, como Juan Andrés Lagos, han destacado el impacto positivo de las movilizaciones sociales, recordando los logros obtenidos durante el estallido social, como la consideración de un salario mínimo por parte de los empresarios.
“Imaginar que la movilización social es un fantasma que del cual hay que protegerse es la aberración, lo podrán hacer los que les da pánico. La movilización es democrática”, sostuvo Lautaro Carmona, presidente del PC.
Desde el sector empresarial, se ha subrayado la importancia de abordar las demandas ciudadanas a través de vías institucionales, como el Congreso, donde los legisladores puedan debatir y encontrar soluciones a las problemáticas planteadas por la ciudadanía.
“Claramente, ese llamado a hacer más presión social en la práctica significa estar más en la calle. Hoy la gente está cansada, requiere soluciones y esas soluciones se dan en el Congreso”, indicó Ricardo Mewes, presidente de la CPC.
En respuesta, la ministra Jara ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la democracia y el respeto a la libre expresión de todas las personas y organizaciones. Además, ha destacado la importancia de mantener un diálogo constante con los territorios y las organizaciones de la sociedad civil para abordar de manera efectiva las necesidades del país.
En este contexto, se espera que la manifestación del próximo 1 de mayo, tradicionalmente celebrada por los trabajadores, sea un espacio de diálogo y expresión de demandas, al cual la ministra Jara asistirá si sus responsabilidades se lo permiten.