"No hay un conflicto aquí entre el mundo mapuche y una industria en particular. Lo que hay es un conjunto de delincuentes que, usando las reivindicaciones del mundo mapuche, ejercen terror y la violencia", señaló Luis Felipe Gazitúa, quien además planteó que la muerte del trabajador forestal fue "más producto de la inacción o del actuar negligente del Estado".
El presidente de Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Luis Felipe Gazitúa, participó de una actividad de la empresa en la que habló sobre diversos temas, entre ellos la muerte de Segundo Catril, trabajador forestal baleado en Lumaco.
“Lo que vive la provincia de Arauco desde hace mucho tiempo es una tragedia, no es una pena”, dijo Gazitúa respondiendo a las palabras del presidente Gabriel Boric.
En ese sentido, planteó que “no hay un conflicto aquí entre el mundo mapuche y una industria en particular. Lo que hay es un conjunto de delincuentes que, usando las reivindicaciones del mundo mapuche, ejercen terror y la violencia e incluso, en contra de los propios mapuches”.
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Asimismo, abordó el rol que debe jugar el Gobierno en este tipo de situaciones. “El Estado de Chile desde hace mucho tiempo tiene una deuda gigantesca con la seguridad de los que vivimos en este país”, señaló.
“El Estado tiene, se lo entrega la Constitución y las leyes, todas las herramientas para ejercer las seguridad. Esta es una tragedia más producto de la inacción o del actuar negligente del Estado”, enfatizó.
A su vez, afirmó que “no solo son responsables los asesinos que mataron ayer a Segundo Catril, también son responsables todos aquellos que reivindican la violencia como un método para reclamar cosas y eso involucra a mucha gente en este país”.
“No basta con hacer declaraciones diciendo que ellos no son responsables como hicieron algunos ayer en circunstancias que esa gente ha dicho públicamente en más de una ocasión que la violencia es la manera para reivindicar las demandas del mundo mapuche”, añadió.
Por último, destacó que Catril “era un trabajador mapuche chileno que había decidido junto a sus comunidades la reivindicación legítima que ellos tienen por la vía pacífica“.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
