Según los antecedentes del caso, el grupo interceptaba camiones que ingresaban al país cigarrillos de contrabando por pasos no habilitados de la zona de Colchane. Por medio de la intimidación y violencia, se apropiaban de la mercancía, que posteriormente distribuían y vendían en Alto Hospicio e Iquique.
(Agencia UNO) – El Juzgado de Garantía de Iquique decretó este sábado la medida cautelar de prisión preventiva de 13 ex carabineros y 3 civiles, acusados como autores de los delitos de asociación ilícita, cohecho, contrabando, lavado de activos y robo con intimidación y violencia.
De acuerdo al Ministerio Público, estos ilícitos habrían sido cometidos entre noviembre de 2017 y principios de 2019, en la provincia del Tamarugal.
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En la audiencia de formalización, que se extendió por dos jornadas, el magistrado Mauricio Chía Pizarro ordenó el ingreso de los ex carabineros recintos policiales de Pozo Almonte, Iquique, Alto Hospicio, Rancagua, Arica, Copiapó, María Elena y Coyhaique. En tanto, los civiles imputados en esta investigación quedaron recluidos en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
Por su parte, se fijó la medida cautelar de arresto domiciliario total para otros seis imputados, que enfrentan cargos por los delitos como asociación ilícita, soborno, contrabando, lavado de activos y encubridor de robo con intimidación.
En el caso de una imputada por los delitos de asociación ilícita y contrabando, el tribunal decidió dejarla sin medidas cautelares, debido a que la Fiscalía no aportó indicios que permitan presumir su participación en los hechos en esta etapa procesal.
La investigación, que es llevada adelante por el Ministerio Público y la PDI, logró establecer la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios en servicio activo de Carabineros y civiles, quienes de manera concertada y organizada se encontraban operando a lo menos, desde noviembre de 2017 y hasta comienzos del año pasado, con el propósito de facilitar el ingreso ilegal de cigarrillos al país.
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Según detalló el Ministerio Público, se organizaban para que funcionarios policiales concurrieran a sectores fronterizos y/o controles carreteros y, una vez en el lugar, dieran paso libre a los camiones o vehículos menores en que trasladaban la mercadería ilícita, la cual distribuían y comercializaban en diversos puntos de la región.
El grupo se dedicaba a interceptar camiones que ingresaban al país cigarrillos de contrabando por pasos no habilitados de la zona de Colchane, apropiándose del cargamento, mediante intimidación y violencia. Mercancía que luego distribuían y vendían al menudeo en Alto Hospicio e Iquique.
Las ganancias que les reportaba las ventas bordean los $7 millones por camión asaltado. Dinero que era, posteriormente, repartido entre los miembros de la organización, en efectivo, transferencias electrónicas o depósitos, y que habrían utilizado para adquirir vehículos y maquinarias, que luego vendían para blanquear su origen.
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