El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida tras determinar que "resulta indispensable para el éxito de la investigación" y que es "proporcional y necesaria" en vista de los delitos que se investigan. Muñoz cumplirá la cautelar en la Brigada de Reacción Táctica de la PDI, en Cerrillos.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, acusado por revelar información de causas reservadas, en medio de la indagatoria por el denominado Caso Audios.
El tribunal otorgó un plazo de 120 días para la investigación.
La jueza Francis Fell argumentó la decisión señalando que la medida cautelar “resulta indispensable para el éxito de la investigación” y que es “proporcional y necesaria” para los delitos que se le imputan a Muñoz.
En relación a la violación de secreto, Fell los calificó de “hechos graves (…) se afecta el bien jurídico de la confianza pública en el respeto del secreto”.
Además, recalcó en reiteradas ocasiones la calidad de autoridad pública que ostentaba Sergio Muñoz al momento de cometer los delitos.
La instancia comenzó con los detalles de las cinco causas en que Muñoz habría entregado información privada al abogado Luis Hermosilla, y durante más de 6 horas los distintos abogados y abogadas expusieron sus argumentos tanto para pedir prisión preventiva como para defender al imputado.
Cabe recalcar que en el caso de los funcionarios policiales se establece que pueden cumplir medidas cautelares al interior de cuarteles de la PDI. Por ello, Sergio Muñoz podría haber cumplido la prisión preventiva en su casa particular, que es considerada como un cuartel por haber ostentado el cargo de director de la Policía de Investigaciones.
De todas maneras, el exlíder de la institución cumplirá la prisión preventiva en la Brigada de Reacción Táctica de la PDI, en Cerrillos.
Luego comenzó el turno del Ministerio Público, donde la fiscal Lorena Parra solicitó la prisión preventiva de Sergio Muñoz. En las acusaciones también participa el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Además, el fiscal Felipe Sepúlveda afirmó que los antecedentes expuestos dan cuenta de un “hecho punible” y de la “participación del imputado” en los delitos, por ello, se solicitan dos necesidades de cautela porque la libertad de Muñoz es “peligrosa para la seguridad de la sociedad” y porque “peligra la investigación.
“Consideramos que la única medida cautelar que se puede imponer es la prisión preventiva”.
Más tarde fue el turno del abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, quien se mostró en desacuerdo con la solicitud de Fiscalía, y en cambio, propuso que el tribunal dicte arresto domiciliario parcial para Muñoz.
“Por el contrario, propongo al tribunal que analice la posibilidad de otorgar un arresto domiciliario parcial de 12 horas o más, más arraigo nacional, más prohibición absoluta de tener contacto con aquellas personas u otros elementos que tanto preocupan a mis colegas, razonablemente”, planteó.
Sin perjuicio de aquello, dijo que si el juzgado decidiera dictar la prisión preventiva, esta podría ser cumplida en un cuartel policial.
Fue el viernes 15 de marzo cuando personal del OS7 de Carabineros allanó la casa y oficina de Sergio Muñoz, tras recibir la orden de entrada y registro que la Fiscalía le solicitó a la justicia el 14 de marzo.
La entidad persecutora fundamentó la acción tras las pericias realizadas al celular del abogado Luis Hermosilla, esto en el marco de la indagatoria por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, con el fin de obtener información privilegia en favor del empresario Daniel Sauer.
Desde el dispositivo móvil se obtuvieron datos que dieron cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente a Muñoz, afirmó la Fiscalía.
En la noche de ese mismo viernes, se comunicó que Sergio Muñoz renunció a la dirección general de la PDI. No obstante, el ministro Luis Cordero (Justicia) reveló el domingo en Tolerancia Cero de CNN Chile que el Gobierno lo instó a dejar su cargo luego de darse a conocer las indagatorias en su contra.
Fiscalía solicitó formalizar a Sergio Muñoz por los delitos de infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción al artículo 246 del Código Penal. Ambas normativas se vinculan a la difusión de información privilegiada.
Tras conocerse los hechos, Ciper Chile publicó un reportaje basándose en datos entregados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, indicó que Muñoz habría comenzado a filtrar información reservada a Hermosilla apenas 13 días después de asumir su cargo como máximo jefe de la PDI.
Dicha filtración incluyó datos sensibles sobre al menos cinco causas judiciales, algunas de las cuales involucraban a altas autoridades del gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera.
En concreto, el magistrado recibía los antecedentes antes de que la policía ejecutara los requerimientos del Ministerio Público, evidenciando un flujo eficiente de filtración de información desde la institución policial a externos.
Entre los documentos filtrados había requerimientos de información, detalles de investigaciones judiciales y solicitudes específicas a entidades financieras como Banco Estado. Estos datos eran enviados por Muñoz a Hermosilla, quien representaba a imputados en los casos investigados.
La Fiscalía ha recopilado más de 510 mensajes enviados y recibidos entre Muñoz y Hermosilla, lo que ha servido como base para abrir una nueva causa penal en contra del exdirector general de la PDI. Todas las conversaciones incautadas desde el celular de Hermosilla suman más de 700 mil páginas.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
