La fundación argumentó, en el escrito de 22 páginas, que la decisión de la entidad regional "no tiene fundamento legal". Asimismo, aseguraron que la determinación responde a "la discusión pública y política" que ha surgido debido al Caso Convenios.
La Fundación ProCultura presentó este miércoles un recurso de protección para dejar sin efecto la decisión del Gobierno Regional de Aysén (Gore) que dio término al convenio por $ 1.673 millones.
La fundación argumentó, en el escrito de 22 páginas, que la decisión de la entidad regional “no tiene fundamento legal”. Asimismo, aseguraron que la determinación responde a “la discusión pública y política” que ha surgido debido al Caso Convenios.
“Lo que existía era un acuerdo del Consejo Regional para poder avanzar en la ejecución de un programa con esta fundación”, sostuvo la gobernadora de Aysén, Andrea Macías.
La autoridad, que señaló que la organización tiene pleno derecho de recurrir a la justicia, descartó la existencia de un convenio firmado, ya que el acuerdo solo fue suscrito por la fundación.
“Por lo tanto, no existiendo un convenio firmado, no existiendo una resolución que apruebe ese convenio, esto no ha nacido aún a la vida jurídica“, agregó Macías.
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Cabe recordar que el pasado 18 de agosto la gobernadora Macías solicitó al Consejo Regional desistir del convenio, que solo alcanzó a firmar Procultura, luego de enterarse sobre los cuestionamientos a nivel país que estaba recibiendo.
El organismo revisó la solicitud y resolvió, con 7 votos a favor y 8 abstenciones, dejar sin efecto el traspaso de recurso. La medida fue respaldada por los jurídicos del GORE y la Contraloría Regional.
El trato había sido aprobado este año y tenía por objetivo que la fundación realizara un programa en el marco del Plan de Desarrollo para Zonas Rezagadas que beneficiaría a 70 familias de la provincia de Capitán Prat.
Pese a la decisión del Gore, el Ministerio Público inició una investigación respecto al convenio para buscar eventuales irregularidades.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
