Que el uso de los recursos públicos sea considerado dentro de la Seguridad Nacional es una idea que divide a los parlamentarios, quienes coinciden en que debe existir mayor control sobre el uso de los fondos.
Creado durante la dictadura por la Constitución política de 1980, el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) se ha caracterizado por sesionar cuando la Seguridad Nacional lo ha requerido. La última instancia se desarrolló por la demanda peruana en La Haya.
Hoy, el órgano encargado de asesorar al presidente de la República podría reactivarse para auditar los gastos reservados utilizados por las Fuerzas Armadas y de Orden.
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Este jueves ingresó el proyecto de ley de reforma constitucional, el cual fue impulsada de manera transversal por distintos partidos.
La iniciativa entregada horas después de que se supiera de nuevas facturas falsas emanadas desde el Ejército busca, como explicó el diputado RN, Sebastián Torrealba, “entregarle certeza a los ciudadanos sobre si los gastos reservados que utilizan las Fuerzas Armadas son bien utilizados, y no como hemos visto estos últimos días”.
“Creemos que es importante que el buen uso de los recursos públicos también sea considerado como dentro de la Seguridad Nacional”, explicó el diputado de RD, Jorge Brito.
Por su parte, la diputada del PC, Carmen Hertz, sostuvo que buscan “tener una constitución distinta, una constitución democrática y no una constitución que esté entregando un marco para la política de corrupción que se ha instalado en las Fuerzas Armadas”.
Que cada seis meses los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, junto al General Director de Carabineros, den cuenta de los gastos reservados ante el presidente de la República y el Contralor es la propuesta que se discute en el parlamento.
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¿Por qué el Cosena?
La entidad cuyo origen está estrictamente vinculado a la dictadura, también provoca detractores en el parlamento.
“Yo no he dicho que sea el mejor organismo para controlar los gastos reservados”, dijo el diputado del PC, Guillermo Teillier.
Posición similar a la del diputado socialista Leonardo Soto, quien dijo que se trata de un organismo que “no es democrático”. “Este tipo de órganos que sientan en la misma mesa a un presidente de la República, junto a los comandantes en jefe, es algo que no somete a las autoridades militares al poder civil, sino que las coloca en pie de igualdad“, sostuvo.
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Posturas diversas que confluyen en un actor particular: la Contraloría debe tener mayores atribuciones bajo el mecanismo que sea, afirman desde el Congreso.
Parlamentarios ya le solicitaron una propuesta al contralor Jorge Bermúdez y este les respondió vía oficio con un informe, en el que propone que la rendición no debe ser genérica y que cada institución debe dar cuenta de manera semestral de aquellos gastos.