Tras las restricciones a raíz de la segunda ola de la pandemia del COVID-19, diputados de la UDI presentaron la iniciativa que incluye multas de hasta $75 millones y que compañías especifiquen en sus páginas web la cantidad de reclamos recibidos en el último año.
Enrique Van Rysselberghe y Rolando Rentería, entre otros parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), presentaron un proyecto de ley en busca de aplicar sanciones a la compañías de viajes que “no ofrezcan soluciones a los clientes ni respondan a tiempo ante algún incumplimiento o modificación del servicio”.
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A través de un comunicado, los parlamentarios hicieron público el ingreso de la iniciativa al Poder Legislativo sosteniendo que, según datos del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), durante el año pasado algunas empresas aéreas como Despegar (60%) y Viajes Falabella (17%) concentraron un 77% de los reclamos en el rubro de viajes.
Haciendo una crítica al desinterés de las empresas por zanjar las diferencias con los consumidores a raíz de la pandemia de COVID-19, los congresistas indicaron: “Sabemos que la industria aeronáutica ha sufrido mucho producto de las restricciones aéreas y la suspensión de vuelos, pero eso no es excusa para que las agencias de viaje y las empresas intermediarias respondan frente a los clientes que han contratado servicios a través de ellos”.
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En su fondo, el proyecto pretende que la sanción sea de hasta 750 UTM (casi $39 millones) para las empresas que no respondan en tiempo y forma a los consumidores.
En tanto, las agencias que incurran en un incumplimiento de los servicios contratados tendrían que pagar hasta 1.500 UTM (casi $78 millones), al igual que las que apelen a la pandemia para justificar el incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Por último, busca obligar a las mismas agencias a informar en sus plataformas web, de manera clara y visible, la cantidad de reclamos que han recibido en los últimos doce meses, especificando cuántos de ellos han sido acogidos y rechazados.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
