Entre los anuncios dados a conocer por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se encuentra que se excluirá al Presidente de la República del nombramiento de jueces, y que se creará un Comités de Nombramiento de Jueces y de Selección de Fiscales.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), dio a conocer los detalles de los proyectos que el gobierno impulsará para introducir modificaciones al funcionamiento y sistema de nombramientos del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Lo anterior en el contexto de los escándalos que involucraron a ambos organismos en el último mes, como el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua -donde tres ministros fueron suspendidos y son investigados por delitos como cohecho y prevaricación-, y las acusaciones cruzadas del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, y su subalterno, Sergio Moya.
La totalidad de las reformas contemplan modificaciones al Capítulo VI de la Constitución (tres quintos), el Código Orgánico de Tribunales y a la misma normativa que regula al Ministerio Público.
La primera de la iniciativas anunciadas busca evitar la “discrecionalidad” en los concursos para ministros de corte de apelaciones y jueces, así como para fiscales regionales y adjuntos. Para eso, crea Comités de Nombramiento de Jueces y de Selección de Fiscales.
Según detalla El Mercurio, en ambos procesos se eliminará la participación de las cortes y se creará un “comité” que, actuando como un organismo colegiado y con integrantes de distintos ámbitos, decidirá quién es el candidato más apto para el cargo. En el caso de los jueces además se marginará del concurso al Presidente de la República.
Sin embargo, pese a los cuestionamientos que surgieron en las últimas semanas tras la fallida nominación de Dobra Lusic a la Corte Suprema, la fórmula para la designación del máximo tribunal y del fiscal nacional no se modifican.
De este modo, sus nombres continuarán siendo elegidos por el Presidente de la República, desde una quina elaborada por el pleno del máximo tribunal y con acuerdo del Senado.
La propuesta también considera otras iniciativas como transparentes la agenda de magistrados, auditorías y examen de gastos realizados por Contraloría, la creación de un Comité de Asuntos Internos para fiscales, inhabilidad por un año en cargos públicos para fiscales luego del cese de sus funciones, y establecer proceso de repostulación para fiscales regionales, algo que actualmente no se encuentra regulado.
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