El documento fue elaborado tras la crisis de Essal en Osorno, específicamente luego de conocerse el pasado del actual superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, como directivo de Aguas Andinas y de su actual presidente, Guillermo Pickering, quien cumplió labores como subsecretario.
Un grupo transversal de parlamentarios del Frente Amplio, Democracia Cristiana, Partido Socialista y Renovación Nacional ingresó este jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece un plazo para frenar la “puerta giratoria” entre fiscalizadores y fiscalizados del mundo público-privado, inhabilitándolos de sus cargos hasta por 5 hasta 10 años.
La iniciativa fue creada en el marco de la crisis de Essal en Osorno y luego de conocerse el pasado del actual superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, como directivo de Aguas Andinas y, asimismo, de su actual presidente, Guillermo Pickering, quien cumplió labores como subsecretario en periodos de gobierno de la Concertación.
El jefe de bancada de Convergencia Social y redactor del proyecto, Diego Ibáñez, dijo que el documento “tiene como objetivo terminar con la puerta giratoria entre organismos fiscalizadores y empresas fiscalizadas, entre reguladores y regulados, con el fin de frenar el abuso de quienes tienen el poder de capturar las instituciones, negociar impunidad y estafar elegantemente a los chilenos”.
“Si esta Ley fuese realidad, Jorge Rivas no podría ser superintendente de Servicios Sanitarios, porque está regulando a la empresa en que trabajó por 10 años, Aguas Andinas”, apuntó Ibáñez.
Pero no es el único caso que recuerda. “Mario Farren Risopatrón, hasta hace poco superintendente de Banco e Instituciones Financieras, llega del Banco de Chile y Citibank a regular la misma entidad donde él trabajaba. Luis Ávila, secretario de Electricidad y Combustible es la misma historia. Ellos no podrían ser hoy fiscalizadores si es que trabajaron para las empresas fiscalizadas”, añadió el parlamentario.
Su par de bancada, Gabriel Boric, agregó que “no es posible que quienes guardan algún vínculo o lealtad con empresas privadas de sectores estratégicos, luego, los fiscalicen y supervisen desde el Estado”. Opinión similar entregó la presidenta del bloque, Gael Yeomans, quien destacó que “las Superintendencias han estado en la palestra pública no solo en el caso de Osorno, si no también lo hemos visto en otras oportunidades en salud, pensiones y otras”.
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Finalmente, el parlamentario Gonzalo Fuenzalida (RN) apoyó la moción aseverando que “no resulta ético ni presentable que una persona que está en un cargo para controlar a la empresa privada, del mundo privado, después de seis meses que dejen su cargo terminen siendo empleados por ellas mismas y, finalmente, cuando pasa el tiempo, incluso vuelven a la administración pública”.
Así, el Proyecto de Ley que inhabilita hasta por diez años el paso del sector privado a un ente fiscalizador del Estado, fue ingresado hoy por los mencionados Ibáñez (CS), Boric (CS), Winter (CS), Yeomans (CS), Fuenzalida (RN), Matías Walker (DC) y Andrés Longton (RN). También se sumaron representantes de Osorno, como Harry Jürgensen (RN), Emilia Nuyado (PS) y Fidel Espinoza (PS).
