A pesar de la apelación de Fiscalía, la Delegación Presidencial y el Servicio Nacional de la Mujer sobre las cautelares del imputado, la Corte de Apelaciones determinó mantener al sujeto en arresto domiciliario y arraigo nacional.
La Corte de Apelaciones de Arica confirmó este martes las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional y local en contra del psiquiatra Ricardo Yévenes.
Yévenes enfrenta cargos por el delito de femicidio, luego de ser el principal sospechoso de la muerte de la matrona Fabiola Vargas, ocurrido en el valle de Azapa en 2022.
El imputado fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en diciembre de 2022 tras un presunto ataque contra Vargas, su pareja, quien falleció después de permanecer dos días en riesgo vital.
Según la denuncia de la Fiscalía, habrían existido episodios de violencia en la relación de Yévenes y Vargas que no fueron denunciados previamente y durante la formalización del imputado, realizada el 24 de diciembre de 2022, el fiscal Manuel González informó agresiones contra la mujer en diversas ocasiones, causándole múltiples contusiones graves, atribuibles a su autoría.
El Juzgado de Garantía de Arica, en una revisión de cautelares, decidió cambiar la prisión preventiva de Yévenes por arresto domiciliario total y arraigo nacional y local, una decisión que fue ratificada hoy por la Corte de Apelaciones ante la apelación de la Fiscalía, la Delegación Presidencial y el Servicio Nacional de la Mujer.
El motivo de la decisión de la Corte de Apelaciones se debe a la determinación de “diversas complementaciones al informe médico legal de autopsia, así como el informe pericial maxilofacial y el informe histológico, agregados con posterioridad a la última revisión de la medida de prisión preventiva que debilitan las presunciones de participación del imputado en el delito de femicidio por el que se formalizó”.
“Lo que hace innecesario en esta etapa procesal adoptar respecto del imputado el máximo de cautela previsto en la ley”, añadieron.
La seremi de la Mujer de Arica, Camila Roberts, expresó su preocupación por esta decisión y anunció que continuará representando legalmente a la familia de la víctima, llamando a evaluar los riesgos que conllevan estas decisiones para las mujeres y sus familias.
Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar, dado que aún hay muchas personas desaparecidas y las condiciones complicadas para la búsqueda.
