La empresa aseguró que los trabajadores eventuales han bloqueado ilegalmente el puerto, y que las autoridades no han tomado acción suficiente para desbloquear los accesos, lo que consideran un "nefasto precedente".
La dirección de la empresa Puerto Coronel respondió este jueves a las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien apuntó contra la gerencia de la empresa privada ante las consecuencias del paro que se ha extendido por más de 50 días y la situación generada en industrias de la Región del Biobío.
“En reiteradas oportunidades, el Gobierno, a través de la delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, la seremi del Trabajo y de la Dirección del Trabajo de la Región del Biobío, ha tenido a ambas partes sentadas en la mesa”, sostuvo la autoridad en entrevista con Tele13 Radio.
Respuesta de Puerto Coronel
A través de un comunicado, la empresa valoró las gestiones realizadas por el Gobierno a través de Delegada Presidencial del Biobío, la Seremi de Trabajo y la Dirección del Trabajo para generar espacios de diálogo, pero calificaron estas instancias como poco “productivas”.
“Como Puerto Coronel, sin embargo, manifestamos nuestra preocupación por varias aseveraciones del subsecretario Manuel Monsalve, a quien quizá no se ha informado debidamente sobre lo que está ocurriendo en el terminal”, añadieron.
En primer lugar, explicaron que “la empresa no ha generado el problema que la afecta; al contrario, ha hecho esfuerzos en todo orden de cosas para hacerse cargo de manera responsable de graves perturbaciones que están afectando su operación”.
La administración de la compañía detalló que está poniendo fin a una serie de malas prácticas que arriesgan la seguridad de los trabajadores, favorecen el “amiguismo”, dañando el funcionamiento general del puerto.
Trabajadores portuarios de todos los terminales del Puerto de San Antonio realizaron un paro en el primer turno y marcharon a la delegacion para entregar una carta en apoyo a los portuarios del puerto de Coronel. FOTO: SÓCRATES ORELLANA / AGENCIA UNO
“Estos cambios se refieren a aspectos básicos, como la implementación de una Política de Alcohol y Drogas, la cual si bien estaba acordada y firmada desde el 2018, nunca se pudo implementar en su totalidad por la resistencia de algunos dirigentes eventuales a los testeos aleatorios, situación que incluso llevó a excluirnos del patrocinio de SENDA”, indicó el documento.
Por otro lado, manifestaron que ha existido resistencia a la aplicación de un “sistema balanceado, transparente y equitativo de turnos y cargas de trabajo”, aspectos mínimos de gestión que debe administrar la empresa.
En ese contexto, aseguraron que “para oponerse a estas medidas básicas, algunos trabajadores eventuales han optado por actuar ilegalmente, bloqueando el puerto por 52 días a la fecha, con base en la violencia y la fuerza, quienes generaron un conflicto al negarse a medidas de sentido común”.
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“La empresa solo se ha limitado a actuar de manera racional y de acuerdo a su deber de diligencia”, expresaron.
Además, indicaron que a pesar de las innumerables solicitudes, las autoridades no han tomado acción para “resguardar el orden público y desbloquear los accesos al terminal de Puerto Coronel, condicionando su accionar a que la empresa, en la práctica, ceda a presiones ilegales de dirigentes de trabajadores eventuales, lo cual nos parece un nefasto precedente”.
También dieron a conocer que los 550 trabajadores “quieren volver a trabajar” y ya han presentado acciones legales solicitando el desbloqueo ilegal del puerto.
“La justicia, en tanto, ha actuado con rapidez y eficacia: a pocos días de que presentáramos una querella por delitos a raíz de los bloqueos, daños a la infraestructura, barricadas, amenazas, entre otros, el Ministerio Público solicitó una audiencia de formalización a 10 dirigentes y trabajadores eventuales, la que ya fue fijada por los Tribunales (a la fecha llevamos cuatro querellas presentadas)”, agregaron.
Finalmente, la empresa enfatizó en que el conflicto “no es con los trabajadores eventuales, sino con aquellos que han promovido malas prácticas y actuaciones ilegales”, y anunciaron que ya han adoptado medidas para enfrentar la situación, manifestando sus esperanzas de que se restablezca el orden público y “se resuelva esta situación conforme a las normas del Estado de derecho”.
